REDACCIÓN. Al menos 209 defensores y 93 periodistas recibieron ataques, amenazas y hostigamientos en Honduras en 2021, lo que refleja la vulnerabilidad y la violencia que persiste en el país centroamericano, denunció este miércoles la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El organismo divulgó un informe en el que detalla la situación de derechos humanos que enfrenta el Gobierno de la presidenta Xioamara Castro, quien asumió el pasado 27 de enero.
En Honduras se criminalizó a los defensores de derechos humanos y ambientalistas, según la OACNUDH.
De acuerdo con el documento, 119 de las personas afectadas pertenecen a pueblos indígenas o afrohondureños y 169 se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Uno de los datos más graves es que de las 302 víctimas que suman los defensores de derechos humanos y los periodistas, a 10 los asesinaron. Se trata de siete hombres y tres mujeres, dos de ellas transgénero.
En el resto de los ataques, se registraron 44 actos de intimidación u hostigamiento, 36 amenazas, 23 restricciones indebidas a la libertad de expresión y 16 agresiones físicas.
Además, se reportó 12 casos en los que 68 personas (25 mujeres, 34 afrodescendientes y 21 indígenas) fueron acusadas de delitos mientras realizaban su activismo legítimo. «Eso criminaliza la labor de las y los defensores de derechos humanos y ambientales», señaló la OACNUDH.
Isabel Albaladejo Escribano, Representante de #OACNUDH, presentó hoy el Informe Anual sobre la situación de #DDHH en Honduras 2021, donde destaca los principales retos y desafíos para el país y hace 17 recomendaciones al Estado hondureño.
El Informe 👉 https://t.co/naPWzAlI7g pic.twitter.com/A0mLsgl6Z2
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) March 23, 2022
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Pandemia y elecciones
El informe incluye un balance sobre los efectos de la pandemia y las devastaciones causadas en 2020 por los huracanes Eta e Iota. Esos fenómenos agravaron la pobreza y la desigualdad que ya padecía Honduras.
Así, la economía cayó nueve puntos en 2020 y ni siquiera en las previsiones más optimistas se estima que se recuperen los niveles que había en 2019.
Por ello, la pobreza pasó de 64,7 % en 2019 a 73,6% en 2021, en un contexto en el que la violencia y la inseguridad continuaron afectando al país. En 2021, la tasa de homicidios fue de 39 por cada 100 mil habitantes.
Si se desagregan los datos, resulta que 318 mujeres murieron de forma violenta, al igual que 28 personas LGBTI, lo que demuestra que son sectores particularmente vulnerables.
Violencia en las elecciones
Otro efecto de la pandemia es que las medidas de emergencia incluyeron un toque de queda, durante el cual se reportaron 9.107 detenciones administrativas de enero a octubre de 2021, pero en muchos casos no cumplieron con los requisitos legales y fueron incompatibles con estándares de derechos humanos.
Naciones Unidas también destaca el clima de violencia con el que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del pasado 28 de noviembre, ya que, desde que se convocaron los comicios, hubo 32 muertes violentas, 17 atentados y siete agresiones.
«La violencia impactó mayormente a los tres principales partidos políticos y se dio, predominantemente, a nivel local. La violencia fue contra candidatos a alcaldes, vicealcaldes, diputados y miembros de partidos políticos. Esa situación afectó el ejercicio del derecho de participación en asuntos públicos y otros derechos humanos», señaló.
Por otra parte, lamentó que algunos actores políticos utilizaran el discurso de odio durante las campañas políticas, especialmente, contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de personas LGBTI.
Fuerzas de seguridad
Según el reporte, en los primeros nueve meses de 2021 el Ministerio Público recibió 49 denuncias por tortura, 70 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 34 por desaparición forzada.
La Oficina de Naciones Unidas, por su parte, documentó casos de posibles violaciones de derechos humanos donde habrían participado miembros de las fuerzas de seguridad, particularmente, en el contexto de retenes y detenciones que incluye la muerte de tres personas.
Una situación de emergencia específica está en las cárceles. El Sistema Penitenciario Nacional alberga a 20.687 personas adultas privadas de libertad (incluyendo a 1.219 mujeres), aunque solo tiene capacidad para recibir a 14.780. Ese total representa una sobrepoblación de casi el 40 %. Además, alrededor del 51 % no cuenta con sentencia.
«Además del hacinamiento, la situación penitenciaria se caracteriza por falta de acceso a atención médica. A eso se suman las limitaciones de comunicación con sus representantes y familiares y alto nivel de violencia», señaló el informe.
En ese contexto, la OACNUDH recordó que el año pasado hubo por lo menos seis reyertas en centros de máxima seguridad. Esos hechos dejaron un saldo de ocho reclusos muertos y más de 55 heridos.
A ello se suman las denuncias por el uso excesivo de la fuerza en contra de los internos por parte del personal penitenciario. Eso actos podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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