TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley Marco de Protección Social, afirmando que es «lesiva» para el orden legal del país y violenta los derechos de los trabajadores.
Este recurso se interpuso desde 2015, cuando se quiso aprobar y poner en vigencia esa ley. Sin embargo, el fallo se obtuvo hasta hoy, luego de casi siete años de lucha de un grupo opositor.
Para conocer la resolución de la Sala de lo Constitucional de la #CSJ que declaró Inconstitucional el decreto 056-2015, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social por atentar contra sistema unitario de seguridad social del país, clic en:https://t.co/M1zTrMobAV pic.twitter.com/bmggiC8n5S
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) April 5, 2022
Según la Corte, la ley era un «adefesio jurídico» y ponía en peligro las pensiones y cesantías de miles de afiliados a nivel nacional, aglutinados en distintas empresas.
El doctor Fidel Barahona fue uno de los opositores que presentaron el recurso ante la CSJ. En este momento se encuentra satisfecho por la determinación, pese a que estuvo engavetado durante siete años.
En una comunicación con DIARIO TIEMPO, el médico dijo que «esa ley la vienen ofertando desde el 2013, porque el propósito era controlar el sistema de salud ya que la idea era privatizarlo».
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La ley incluía más aspectos
El doctor Barahona agregó que esa ley era un «paquete» que incluía a regímenes de previsión social.
«Estamos hablando de que en ese paquete metían al RAP (Régimen de Aportaciones Privadas); INJUPEMP, (Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo); INPREMA, (Instituto Nacional de Previsión del Magisterio) y al de la Universidad Autónoma», destacó Barahona.
El galeno contó, además, que la idea era controlar qué se hacía en la salud pública que conduce la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
«El propósito fundamental era crear la base para las AFP, es decir, las pensiones. Cuando revisé el borrador, que era la primera ley, era peor a la que terminaron aprobando, por eso fui de los primeros que dio alarma en las asambleas del Colegio Médico de Honduras (CMH)«, agregó el galeno.
Había que poner cartas en el asunto
El doctor Barahona instó al Colegio Médico y a las demás instituciones que se verían afectadas con esa ley. Así se creó un frente de oposición para frenar la probación de la ley.
Sin embargo, el galeno denunció que no escucharon lo suficiente en ese momento y el Colegio Médico no siguió la recomendación que él planteaba.
La Junta Directiva del Colegio Médico introdujo en ese momento un recurso a la CSJ, pero no fue lo suficientemente sustentable y nunca obtuvo una respuesta. El CMH estaba bajo el mando del doctor Elmer Mayes.
«Yo seguí en mi lucha y con la doctora Adriana Arita planteamos constantemente que había que luchar en contra de eso. Se terminó planteando es que se iba a meter un recurso de inconstitucionalidad respecto a esa ley«, agregó.
Contribución
Por otro lado, el doctor Fidel Barahona aseguró que el contribuyó mucho en la elaboración del contenido del recurso de inconstitucionalidad, debido a que era un conocedor del tema desde la raíz.
El documento lo presentaron en la CSJ en el año 2015. La aprobación de la ley iba a traer un completo desastre al sistema de salud nacional, aseguró Barahona.
«Esa ley significaba que el Estado se deshacía de su responsabilidad en la atención de la salud y la dejaba al sector privado. A pesar de que la ley no estaba aprobada, ellos (diputados) ya iban avanzando y fue así como se entregaron hospitales a fundaciones», sostuvo.
Recuso de inconstitucionalidad engavetado
El doctor Fidel Barahona expuso que la CSJ estaba controlada por el expresidente Juan Orlando Hernández y por tanto los magistrados «durmieron» el documento durante todos esos años.
«Prácticamente lo engavetaron, porque eso hubiese significado que si lo declaraban inconstitucional desde aquel momento, gran parte de lo que hicieron en varias áreas se iba a perder», agregó.
La ley iba afectar de manera directa a los institutos de previsión y también pondría en riesgo las jubilaciones, destacó el galeno. «Lo que pretendían era tener control sobre los institutos de previsión, porque así, de esa manera, podían tomar decisiones en torno al manejo del dinero», afirmó.
Uno de los ejemplos para aprovecharse del dinero, según Barahona, fue una inversión en el Centro Cívico Gubernamental a través de una compañía mexicana, la cual no puso ni un tan solo centavo, pero ahora se le debe devolver los fondos.
Satisfechos por la respuesta de la Sala Constitucional
El doctor Barahona aseguró que están contentos por la resolución de la Sala de lo Constitucional. A la vez, opinó que las anteriores autoridades creyeron que se iban a eternizar en el poder para seguir «despilfarrando» los fondos de los institutos de previsión.
«Estamos contentos por la resolución. Somos de los pioneros que nos opusimos a la aplicación de esa ley. Estamos contentos porque finalmente todos los argumentos que nosotros manejábamos desde aquel momento nos indican que teníamos la razón», aseguró.
Por último, Barahona recalcó que hay más personas que van a salir «levantando banderas» de victoria por esa resolución y que ni siquiera participaron de la lucha y en su momento ni se oponían a la ley.
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