TEGUCIGALPA, HONDURAS. Bajo análisis está la posibilidad de que, a principios de junio, regrese el transporte público de manera escalonada, según el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
La decisión no contemplaría al departamento de Cortés. Según Rafael Ruiz, comisionado de la entidad, la reactivación en San Pedro Sula y alrededores esperaría a una reducción «drástica» en los casos de COVID-19.
«San Pedro Sula tendrá que esperar porque es la ciudad más afectada por el coronavirus. Como autoridades, no podemos señalar una fecha de reactivación del transporte y no podemos generar falsas esperanzas. Para que se dé, los ciudadanos deben ser más disciplinados unas semanas más», explicó Ruiz.
Cabe recordar que la prohibición de circular al transporte público se registró desde el 16 de marzo, por lo que ya cumplirán dos meses sin ingresos. En condiciones usuales, San Pedro Sula transporta más de 300 mil personas en unos mil 500 buses.
Se anticipa que el Gobierno permitirá la circulación en los próximos días, pero será nada más, inicialmente, para los buses con capacidad de más de 30 pasajeros. Los microbuses, «rapiditos», taxis y mototaxis seguirán sin la oportunidad de retornar a las labores.
Es importante tener en cuenta que la disposición estatal está sujeta a que no se presente un repunte en los brotes del padecimiento, lo que llevaría a las autoridades a imponer medidas más rigurosas de confinamiento.
Los anuncios al respecto, tanto en Cortés como en los demás departamentos, se efectuarán después de que se llegue a un consenso sobre los detalles entre las municipalidades, el IHTT, la Secretaría de Salud, y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
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Transportistas: No aceptarán medidas parciales
Por su parte, Nelson Fernández, presidente de la Federación de Transporte de Servicios Especiales de Honduras, (FETRASEH) aclaró que no aceptarán viajar con cantidades reducidas de personas.
Según expuso, viajar, por ejemplo, con la mitad de usuarios, no les permitiría obtener ganancias ni para pagar el combustible necesario para sus rondas de viaje.
«Nosotros estamos listos para comenzar a trabajar mañana si el Gobierno nos autoriza y estamos dispuestos a tomar todas las medidas de bioseguridad que sean necesarias. Pero el Gobierno tiene que ser consciente que sin su apoyo no vamos a poder operar», dijo.
Y prosiguió: «Si tenemos un bus que tiene capacidad de transportar a 15 personas y nos piden que sólo llevemos la mitad para mantener el distanciamiento social, eso sería un problema porque no lograríamos pagar ni la gasolina».
Sin embargo, aseveró que las consecuencias económicas de la crisis sanitaria derivan en una necesidad «urgente» de reactivar el transporte. Planteó que los trabajadores y dueños de unidades no soportan más la presión monetaria. En ese sentido, precisó que fueron capaces de subsistir con ahorros por tres quincenas, pero ahora están «quebrados».
«Hemos sido respetuosos y disciplinados. Desde que el Gobierno decretó el toque de queda dejamos de trabajar. Pero, pese a que nosotros hemos respetado, nos han ignorado y no nos han incluido en la mesa de transporte», denunció Fernández.
En la capital, unas 50 mil personas dependen de las remuneraciones obtenidas por el transporte público; unos mil 700 buses circulan con habitualidad con el propósito de proveerles. Mientras que en San Pedro Sula, unos tres mil trabajadores están parados en este rubro.
Dispuestos a cumplir medidas de bioseguridad; piden ayuda crediticia
Aunque no contemplan un regreso parcial a las labores, los dirigentes del transporte aseguran que sí están dispuestos a proveer los insumos de bioseguridad necesarios.
En ese sentido, se especificó que están dispuestos a comprar mascarillas, lentes de protección, cloro y cualquier otro equipo que se indique en los manuales de bioseguridad.
Para cumplir con lo anterior, aclaran, el Gobierno tendrá que ofrecerles oportunidades especiales de financiamiento, con tasas de interés bajas.
Por ahora, lo que las autoridades estatales tienen previsto es el desembolso a las empresas de transporte del ajuste por galón de combustible que se acumuló el año anterior. Ese ajuste es de cinco lempiras.
Sin embargo, los transportistas opinan que la cifra es «insignificante», ya que sólo representa unos mil lempiras mensuales por unidad. En virtud de esas consideraciones, proponen un subsidio gubernamental, que les «salvaría» sus operaciones diarias.
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