TEGUCIGALPA, HONDURAS. La extorsión por parte de bandas delictivas se ha convertido en uno de los principales detonantes del desplazamiento interno en el país que ha llevado a que, obligatoriamente, los ciudadanos huyan de su hogar, según lo dio a conocer el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
De acuerdo con los datos del CONADEH, al menos 13 de los 18 departamentos de Honduras han sufrido actos de extorsión. También detallan que el 79 % de las denuncias que ha asistido provienen de Francisco Morazán y Cortés, en un 56 % y 23 % respectivamente. Eso se traduce a que 8 de cada 10 denuncias ocurrieron en esos dos departamentos.
Asimismo, el ente aclara que existe un temor de las víctimas en denunciar esos tipos de delitos. Sin embargo, los datos arrojan que entre 2016 y 2021 se recibió alrededor de 5 mil denuncias del desplazamiento forzado, de las cuales, 525 fueron bajo la modalidad de extorsión afectando a 1,700 hondureños.
Solamente en el 2021, el CONADEH atendió 917 casos de desplazamiento forzado, de los cuales, el 16% fueron por extorsión, afectando a unas 275 personas. En cuanto al 2022, el ente expuso que enero y junio se recibió al menos 132 denuncias de ese tipo.
Los más afectados
El informe de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH devela los rubros que más se han visto afectados:
- Comerciantes (33%)
- Amas de casa (6%)
- Transportistas (6%)
- Mecánicos (5%)
- Docentes (5%)
- Operadores de justicia (4%)
Agregaron que de igual forma otras víctimas del delito son periodistas, maestros, médicos, abogados, conductores de transporte privado de estudiantes o empleados de empresas públicas o privadas. Detallan que esas personas afirman que cada vez que ingresan a colonias controladas por grupos criminales, deben pagar para ingresar o salir del lugar.
Por otro lado, la extorsión, la violencia y el desplazamiento forzado también afectan a los pueblos originarios de Honduras. Estos representan el 8 % de los 9,5 millones de habitantes del país.
Según CONADEH, entre 2016 y junio de 2022, más de un centenar de personas de 7 pueblos étnicos se desplazaron o están en riesgo de desplazamiento forzado en Honduras.
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Criminólogo: atenta contra la economía y promueve la migración
Para el criminólogo, Gonzalo Sánchez, la extorsión es un mal de años que ha ido tomando fuerza según el paso del tiempo. Ese flagelo, según Sánchez, está afectando la economía hondureña, tomando en cuenta que los más perjudicados son los comerciantes, y además agrava la migración.
«Efectivamente la extorsión se ha vuelto en un rubro muy bueno para las estructuras criminales. Esto ha afectado en la economía del país porque la gente no quiere invertir y los que tiene su negocito están pagando extorsión», contó el profesional a Diario Tiempo.
Agregó que «también eso tiene que ver mucho con la migración de los hondureños en otro país porque la inseguridad que se está viviendo de cualquier manera afecta».
En ese sentido, el abogado opinó que lo que se espera es que el Gobierno que preside Xiomara Castro actúe y cumple lo que prometió en campaña.
«Esto de la extorsión es un tema que la mandataria dijo que le iba a poner mucho énfasis a esto, esperemos que eso se lleve a cabo, porque creo que esto realmente urgente porque está trastocando la economía y produce muerte y luto en Honduras», manifestó.
Impunidad en los delitos
De acuerdo con el informe de CONADEH, hay indiferencia por parte de las autoridades hondureñas y eso lleva a la impunidad de los delitos. Sin embargo, el criminólogo difiere de esa postura argumentando que los entes de seguridad han trabajado contra el flagelo, pero es difícil de combatir.
«No creo que haya impunidad porque las oficinas policiales están trabajando lo que pasa que esto es un flagelo que yo lo vengo diciendo años atrás es un monstruo de mil cabeza», expresó.
Agregó que si el Gobierno actúa de forma adecuada se reducirá el número de los delitos, pero pensar en combatirlo sería una «utopía».
«Es muy difícil, porque en un país con poco recursos con pocos policías es difícil combatir este flagelo, puede mermar pero combatirlo es utópico, es un sueño pensar que se va a combatir la extorsión y narcotráfico«, reiteró.
Falta de confianza en autoridades
Una de las principales preocupaciones que dejó ver el informe, es la falta de confianza de las personas en denunciar este tipo de delitos.
«Para el CONADEH es motivo de preocupación que las víctimas consideren que, en el país, no existan condiciones favorables para presentar denuncias, principalmente por la falta de confianza en las autoridades competentes y por su posible colusión con los grupos criminales», señala.
Además revela que el 54 % de los denunciantes no tuvieron intención de abrir investigación o acudir a las instancias de seguridad competentes.
Al respecto, el sociólogo, Armando Orellana, dijo a Diario Tiempo que el temor de la ciudadanía recae en la desconfianza a los entes de justicia. Según Orellana, la población se siente desprotegida en ir a poner su denuncia y que después se tome repercusiones contra sus vidas.
«El tema es que producto de esa persecución que tiene la ciudadanía hondureña es que tanto la policía como el Ejército está impregnada por la criminalidad y el ciudadano teme que al ir a poner su denuncia sea delatado y tiempo después producto de la denuncia sea asesinado», expuso.
Aclaró que ese temor dejará de persistir cuando haya políticas de seguridad que den garantía en que los operarios de justicia actúan de forma independiente.
En cambio, Sánchez mantuvo su postura en que no debería haber desconfianza puesto que «las autoridades han actuado con mucha transparencia».
«Lo que pasa que las personas tienen miedo a denunciar porque están ante un flagelo incontrolable», explicó.
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Avances del Gobierno para enfrentar la extorsión
Ambos profesionales recordaron que una de las promesas de campaña política de Castro apuntaba a frenar el crimen organizado.
Según Sánchez, Xiomara está cumpliendo con una de sus promesas en comenzar a instalar la Policía Comunitaria, el cual estará cerca de los pobladores.
«La Policía Comunitaria va a hacer un control del delito común y de las estructuras criminales. También, van a patrullar a pie barrios y colonias y van a relacionarse con el pequeño, mediano y grande comerciante que es el más afectado», dijo el togado.
El criminólogo destacó que de una u otra manera la población se sentirá refugiada en la Policía Comunitaria que conocerá de cerca sus problemas.
Reforma del CNDS
Por su lado, el sociólogo Orellana aseguró que una de las acciones que el Gobierno está tomando se refleja en la reforma del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
El licenciado dijo que se han dado rumores que altas figuras dentro de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se relacionan con bandas delictivas a quienes les brindan información y otros elementos que afectan la seguridad del país. Mencionó que en cuanto a la extorsión se sabe de varias detenciones de los actores materiales, pero poco se sabe de los intelectuales.
Por lo anterior, afirmó que lo que hace el Gobierno con querer sacar al Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia (CSJ) del CNDS es efectivo para garantizar la seguridad hondureña.
«Lo importante es el órgano y las otras funciones ya están delimitadas por la Constitución de la República. Que se deje por fuera al Congreso Nacional, Corte y fiscalía, eso es un paso a reducir el esquema autoritario y vertical que prácticamente tenia un control absoluto», concluyó.
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