Estados Unidos. Tres años, siete meses y doce días esperó la hondureña Keldy Mabel Gonzáles para darle un abrazo a sus dos hijos, de los que fue separada en 2017 en la frontera sur de Estados Unidos, por la política que fracturó a miles de familias durante la Administración de Donald Trump.
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El pasado martes, esta mujer se convirtió en una de las primeras beneficiadas de la decisión del ahora presidente de EE.UU., Joe Biden.
Esa decisión consiste en reunir a las familias inmigrantes que cruzaron desde México en busca de asilo. Varios inmigrantes (en muchos casos menores de edad) han sido separados y terminaron en centros de detención o deportados a sus países.
«Yo estaba sólo esperando un milagro», relató esta mujer en una entrevista con EFE. Ella recordó la odisea que vivió desde que huyó de su país impulsada por la violencia.
El pasado martes, Gonzales apareció por sorpresa en una reunión familiar en la ciudad de Filadelfia. Se fundió en un abrazo con Erik y Mino, a quienes no veía desde el 22 de septiembre de 2017. En ese momento ellos tenían 13 y 15 años, respectivamente.
También, se reencontró con su hijo mayor, de 21 años, su mamá, su hermana y el resto de su familia.
Marcados por la violencia
Ese día había vuelto a pisar suelo estadounidense, como tantas veces pidió en sus oraciones, con la «cabeza en alto». Eso ocurrió después de haber sido deportada a Honduras y de esperar luego de casi dos años en Ciudad Juárez (México) por un reencuentro.
«Esto para mí fue como que no nos trataron como humanos, nos estaban tratando como que no fuéramos humanos. Ni a un animalito se le tiene que quitar su cachorrito, más a nosotros que somos humanos que nos hicieron tanto daño. Eso fue tan doloroso. Yo nunca me imaginé que iban a hacer esto así», expresó al recordar el haber sido apartada de sus hijos.
Gonzáles, quien es pastora evangélica, y su familia, vivieron una de las muchas historias de violencia en su país, expresó EFE. En cuestión de seis años perdieron a seis de sus integrantes, el último de ellos, en 2012, el cuarto de los hermanos de esta mujer, que fue asesinado.
Huyó de Honduras
«Ese 2012 pues fue que tomé valor y dije: No. Me matan, me asesinan o los meto presos. Tengo que decidir algo, pero ya basta y tuve que denunciar», relató.
De Honduras cruzó al vecino Guatemala y de ahí a Tapachula, en México. El 20 de septiembre de 2017 se entregó junto a Erik y Mino a la Patrulla Fronteriza, en la que por entonces era una práctica común entre quienes buscaban asilo o refugio.
Confiesa que estaba confiada en obtener un asilo, pues tenía «pruebas fuertes» de lo que habían vivido.
Pero su caso fue distinto, parte de lo que se consideró un plan piloto para la implementación, en abril de 2018, de la llamada política de «Tolerancia cero» de Trump, que permitió enviar a los adultos inmigrantes interceptados en la frontera a centros de detención separándolos de los menores que los acompañaban.
Esa política estuvo vigente hasta junio de 2018, cuando un juez federal ordenó suspenderla, pero su aplicación se mantuvo unos meses más y sus secuelas aún perduran.
Fue así que el 22 de septiembre Gonzáles fue informada de que sería trasladada a un centro de detención. Ese día fue además separada de sus hijos.
«El 22 de septiembre de 2017 me los apartaron y desde ahí yo no los volví a ver hasta el día de la reunificación», lamentó.
Una larga travesía
Ella supuestamente iba a estar detenida cinco días. Al final, fue llevada a una prisión en El Paso, Texas, donde permaneció un año y medio peleando por su derecho a un asilo. Sus hijos terminaron en un albergue. Ahí permanecieron un mes sin que su familia (ni ella) tuviera noticia de ellos, hasta que fueron entregados a la hermana de Gonzáles en Filadelfia.
Pero aún quedaban pruebas por superar. El 23 de enero de 2019, deportaron a Gonzáles a Honduras, después de que le hubieran negado el asilo.
«Una noche vinieron a las 11 y media y me dijeron: Alista tus cosas que te vas», relató esta mujer. La trasladaron en un avión esposada, amarrada por la cintura y los pies, agregó.
«Fue tan duro porque uno va como que fuera un criminal de que tal vez ha asesinado a alguien», afirmó esta inmigrante. Al llegar a su país empleó un mes en recopilar más pruebas para su caso. Luego emprendió su retorno hacia la frontera estadounidense, pese a que le denegaron su proceso de asilo.
Sin embargo, para ella, lo más duro y cruel ha sido separarse de sus hijos, expresó.
«Esto fue lo más cruel que yo pude vivir, lo más triste de que me hayan así deportado quitándome a mis hijos que los cargué en mi vientre, que los amamanté, que los cuidé, que no permití que nadie me les hiciera daño», lamentó Gonzales. Para ella, ese un dolor que no se lo desea a nadie.
Ya en Estados Unidos, esta hondureña, quien según su abogada Linda Corchado, cuenta con un permiso de permanencia temporal (parole), que le permite trabajar y vivir legalmente durante tres años, tiene como principal sueño «ayudar a los que necesitan acá también».
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