HONDURAS. El informe preliminar presentado este viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte que en Honduras persisten serios desafíos relacionados al mejoramiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
Cabe indicar que la CIDH culminó hoy una visita in loco a Honduras. La cual tuvo lugar desde el 30 de julio al 3 de agosto de 2018. El objetivo de la visita fue observar in situ la situación de derechos humanos.
En ese sentido, la delegación estuvo encabezada por la primera vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Integrada por el segundo vicepresidente, Luis Ernesto Vargas Silva; las comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola. Así como también por el comisionado Joel Hernández García, relator de la CIDH para Honduras.
Asimismo, integraron la delegación el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão. La secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido; la jefa de despacho del secretario ejecutivo, Marisol Blanchard Vera; el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza. La relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz. Y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
De ese modo, los miembros de la CIDH sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales. Así como también con representantes y organizaciones de la sociedad civil. Personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado.
De igual forma, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
La CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira y Bajo Aguán. También visitó varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares.
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CIDH asegura que repercusiones del golpe de Estado persisten
En el documento presentado, la CIDH indica que siguió con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras.
En ese contexto, la Comisión observó asuntos de orden estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación. Problemas sociales que afectan desde hace décadas los derechos humanos de los hondureños.
Dicha organización señala que después del golpe de Estado se produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos. Violaciones que afectaron a la población hondureña, y cuyas repercusiones persisten.
A efecto de eso, asegura que es indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática. Lo anterior, garantizará una auténtica separación de poderes y fortalecimiento al Estado de Derecho.
Ante la situación de impunidad y violencia que enfrenta Honduras, la CIDH indica que el Estado debe redoblar esfuerzos. Eso, para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales.
Asimismo, advierte que persisten serios desafíos en relación con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
A criterio de la CIDH, la situación de impunidad estructural. Y la corrupción imperante ha erosionado la confianza de los hondureños en las instituciones públicas.
Respecto a eso, establecen que el reciente proceso de elección del Fiscal General mostró la debilidad de la normativa; y la necesidad de regular la misma.
También añaden que resulta preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos. Lo cual debería de permitir el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho.
Por otro lado, señalan que la desigualdad y falta de desarrollo para algunas poblaciones está enraizado. Y eso es un sistema que beneficia a una élite minoritaria. La cual tiene relaciones con altas esferas de poder político y privado.
CIDH: “Honduras presenta una desigualdad estructural”
En este contexto, confirman que en Honduras se presenta una desigualdad estructural. La cual afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad.
Respecto del conflicto postelectoral, la CIDH observó que persiste un clima político polarizado. Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones.
Asimismo, confirmó que las protestas generadas por esa situación fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado, y desproporcionado de la fuerza. De ese modo, revelaron que en la represión participaron las fuerzas armadas, en contradicción con estándares interamericanos en la materia.
La CIDH afirma que en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior. Como ser la función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas.
A efecto de eso, aseveraron que la respuesta estatal a las manifestaciones dejó como consecuencia 22 personas asesinadas. Así como también cientos de personas heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad. Y más de mil personas detenidas. Muchas de esas personas denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de su libertad.
Igualmente, reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de fuerzas de seguridad.
La CIDH confirmó que no contó con mayor información sobre el progreso o desarrollo de las investigaciones de esos casos.
Además, puntualiza que las familias de las víctimas no estarían siendo informadas sobre las mismas.
CIDH urge al Estado de avanzar en las investigaciones de las muertes poselectorales
En ese sentido, la CIDH urge al Estado a avanzar en las investigaciones con la debida diligencia requerida. Eso, con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos y en su caso, sancionarlos.
Lo anterior, porque a más de ocho meses de ocurridos los hechos, las víctimas. Sus familiares siguen reclamando la falta de acceso a la información sobre el desarrollo de las investigaciones. Y, resultados concretos en materia de justicia.
En ese contexto, la CIDH considera que la crisis política que afecta actualmente a Honduras exige una salida democrática. Así como también que sea incluyente y participativa.
Por tal razón, la CIDH insta a que todos los sectores políticos a participar en el diálogo. Eso, para que sea un paso importante para la reconciliación nacional.
La CIDH advierte que a la fecha, no se han presentado cargos contra ningún elemento de las fuerzas de seguridad. Lo anterior, por su supuesto involucramiento en los asesinatos o lesiones ocurridas en dicho contexto.
En virtud de eso, la CIDH señala que en situaciones como esas el Estado privilegia la represión frente al diálogo.
Asimismo, aseveran que las protestas estudiantiles, las manifestaciones de índole política, las reivindicaciones de tierra. Los actos de protesta en contra de proyectos de desarrollo son fuertemente reprimidas.
Además, afirman que sus participantes son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. Lo cual contradice los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
El documento de la visita de la CIDH contiene un análisis pormenorizado de la situación de grupos especiales de preocupación. Como ser mujeres, infantes, adolescentes, personas de la comunidad sexual diversa, privados de libertad y justicia juvenil. También pueblos indígenas y afrodescendientes, desplazados internamente, migrantes y retornados, entre otros.
Recomendaciones hechas por la CIDH
Entre las principales recomendaciones hechas por la Comisión se destacan avanzar en las investigaciones que identifiquen. También sanciones a responsables de hechos de violencia y muertes tras las protestas surgidas después de las elecciones.
Asegurar el proceso y acceso a la defensa de las personas detenidas en el contexto postelectoral.
Fortalecer las capacidades policiales con el fin de avanzar en el “relevo gradual de las fuerzas armadas. Lo anterior, en tareas de seguridad pública”.
Igualmente, sugieren eliminar figuras penales que restringen el ejercicio al derecho a la libertad de expresión. La labor de periodistas”.
Asimismo, pide al Estado que investigue, juzgue y sancione con perspectiva de género las violaciones a los derechos humanos. En especial feminicidios contra mujeres trans.
También le exigen al gobierno que se garantice las visitas regulares a los internos en el Sistema Penitenciario Nacional.
En cuanto a los pueblos indígenas, se reclama que se tomen medidas para “demarcar, titular y sanear las tierras. Y territorios reivindicados por los pueblos indígenas. E iniciar un procedimiento cultural apropiado para hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento premio, libre e informado”.
