TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a favor de los ex funcionarios policiales, el Estado hondureño tendrá que pagar alrededor de 1,400 millones de lempiras a los policías depurados por las indemnizaciones.
Ayer, al menos mil 300 exoficiales que fueron separados de sus cargos en el año 2016, ganaron el reconocimiento de sus derechos ante las autoridades judiciales.
Cabe recordar que, para poder realizar la depuración en la institución policial se nombró a la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
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Policías depurados acaban de ganar la demanda contra el Estado. La COMISIÓN DEPURADORA DEBE RESPONDER PERSONALMENTE por despedir de manera irresponsable a estos funcionarios. Como no es dinero de ellos LES VALE.
FUNCIONARIOS ACTUALES, SEAN RESPONSABLES AL DESPEDIR GENTE.
— Beatriz Valle (@BeatrizValleM) August 26, 2022
Los integrantes de la Comisión son el exsecretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano y el representante de la sociedad civil, Omar Edgardo Rivera.
Mientras que como asesores el exdiputado German Leitzelar y el representante de la sociedad civil Carlos Hernández.
Por lo que, luego del fallo, los cuestionamiento hacia la Comisión no se han hecho esperar, diferentes sectores han pedido hacerse responsable por el alto costo de la demanda.
«Todo se hizo conforme a ley «
Al conocerse el fallo, la diputada Beatriz Valle, en su cuenta oficial de Twitter pidió que la Comisión se hiciese responsable por despedir personas de manera irresponsable.
«Policías depurados acaban de ganar la demanda contra el Estado. La Comisión Depuradora debe responder personalmente por despedir de manera irresponsable a estos funcionarios. Como no es dinero de ellos les vale. Funcionarios actuales, sean responsables al despedir gente», escribió.
Sobre el tema, la extitular de la CSJ, Vilma Morales, en entrevista con Diario TIEMPO, aseguró que todo el proceso realizado conforme a la ley establecida por el Congreso Nacional.
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«Todo el proceso se llevó a cabo en conformidad con la Ley aprobada por el Congreso y conforme al proceso establecido, todo estuvo apegado a ese procedimiento y fueron decisiones que ejecutó el señor ministro de Seguridad«, comenzó diciendo.
Asimismo, señaló que siguieron el proceso indicado y se obtuvo información de los entes establecidos.
«Se siguió todo el proceso indicado y las informaciones de parte de los entes encargados de dar esa información como el Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría; todo lo referente a la idoneidad y la conducta de cada personas sometida a este proceso de vigilancia y supervisión», aseguró.
Segunda oportunidad para los policías depurados
Por otra parte, el apoderado legal de los policías depurados, German Licona, en comunicación con TIEMPO, señaló que los exoficiales se encuentran felices por que se les reconoció sus derechos.
«Se siente alegres, agradecidos porque se les restituyó el derecho que le habían quitado los miembros de la Comisión», comenzó diciendo.
De igual manera, señaló que se les criminalizó, lo cual les cerró las puertas laborales en la mayoría de lugares.
«Hasta los criminalizaron y los dejaron a ellos en muerte civil porque no les dieron trabajo, les cerraban las cuentas de ahorro y muchos de ellos no han podido encontrar trabajo», comentó.
Afirmó: «En su mayoría van a reintegrase a la Policía, los que yo represento tengo muchos en España y Estados Unidos, esperan que se les indemnice y reintegrarse».
Si les incumplen, irán a instancias internacionales
Seguidamente, el togado aseguró que en un escenario de incumplimiento por parte de las autoridades irán a instancias internacionales para seguir el caso.
«En caso de la Policía no los reintegre, vamos a acudir a las instancias internacionales. Esto a fin de que sea en ese seno internacional que presente la denuncia y esperar que se pronuncie a favor de ellos», indicó.
Agregó: «Ya en ese caso sería el Estado que sería condenado y al final de esa condena tendrán que rescribir los daños causados y reintegrarlos».
Pero recordó que, están en segunda instancia del caso y que la Secretaría de Seguridad tiene 30 días para interponer un recurso de casación.
Impacto económico
«Ahorita el costo el pago de las indemnizaciones andaría por el 1,300 a 1,400 millones», manifestó.
Licona dijo que «si esperamos de aquí a un año y medio que confirme la Sala de los Contencioso andaría por alrededor de los 2 mil millones de lempiras», aseveró.
Además, amplió que lo anterior significa únicamente el 50% de los casos y que la otra parte está en los juzgados en primera instancia.
El letrado detalló que la Secretaría de Seguridad debe presupuestar los pagos de las indemnizaciones en el Presupuesto General de la República 2023.
«Tienen hasta el 15 de septiembre para que haga la provisión y los renglones del pago de indemnizaciones y lo consideren dentro del Presupuesto. Esto para que no estén buscando qué cuentas afectar que ya con esta sentencia pueden hacer la provisión», sentenció.
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