TEGUCIGALPA, HONDURAS. Mediante una recolección de firmas, la Empresa en Legislación y Gestión Ambiental (EcoJuris) busca llamar la atención del pueblo hondureño ante la interpretación a la Ley General del Ambiente que se aprobó en el Congreso Nacional (CN) y que permitirá la importación de baterías con plomo (nuevas y usadas).
La finalidad de la búsqueda de firmantes, que inició ayer, es mostrar a la cámara legislativa el desacuerdo que sostienen diferentes sectores de la población con la medida tomada. Asimismo, exponer los argumentos por los que consideran que el decreto debería ser abrogado.
Al momento de la publicación de esta nota, tres mil 770 personas habían registrado sus datos digitales en favor de la moción. El designio inicial, según se establece en la petición, es alcanzar cinco mil firmas.
Para cualquiera que desea participar, lo único que se requiere es que deje un nombre, apellidos y un correo electrónico. Además deberá agregar el país de residencia y el código postal. Por tanto, ciudadanos de otros países también pueden expresar su favor con la idea.
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En la descripción de la iniciativa, los ciudadanos promotores describen que la decisión legislativa en torno a las baterías podría tener una buena intención; no obstante, aseguran que podría conllevar la apertura de una puerta para la introducción de todo tipo de desechos tóxicos y peligrosos.
Asimismo, se especifica que el plomo que se extrae de las baterías usadas atenta contra la salud de las personas. El riesgo, según lee también el escrito, recae en que Honduras no tiene las condiciones necesarias para reciclar baterías.
En ese sentido, se listó que el comercio local carece de normativas, equipamiento y mano de obra calificada para cumplir la función. Y, la situación se torna aún más complicada cuando la pretensión incluye el recibimiento de cargamentos de baterías desde el exterior.
Norma Vallejo, representante de EcoJuris, dijo a Diario TIEMPO Digital que tienen planteado que la recolección de firmas esté vigente hasta el viernes, pero podría extenderse.
«Se está buscando la forma de llevar la prueba después al Congreso Nacional. Es necesario porque hacer llegar las firmas porque hay transgresiones legales a convenios internacionales en lo que aprobaron», explicó Vallejo.
El decreto que establece la interpretación en la Ley General del Ambiente (artículos ocho, 11 y 68) se aprobó en la sesión legislativa celebrada el martes 16 de junio. Quien presentó la propuesta fue Leonor Osorio, diputada suplente que representa al Partido Nacional. Ella toma su posición en un curul cuando no está el titular, Juan Diego Zelaya.
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