TEGUCIAGALPA, HONDURAS. La Asociación de Familiares Privados de Libertad exigió a las autoridades hondureñas que la gobernabilidad de los centros penales a nivel nacional pase a manos de la sociedad civil.
“Ellos hablan que ha regresado la gobernabilidad a los centros penales, y es ahí que nosotros como Asociación de familiares venimos a desmentir. ¿Cómo es posible que se hable que han eliminado el hacinamiento y esto es falso?”, declaró la presidenta de la asociación, Delma Ordóñez.
Luego de varios episodios de violencia, el Ejército y la Policía Nacional de Honduras asumieron el control de las cárceles a nivel nacional. Sin embargo, los familiares de los reos piden que la gobernabilidad se traslade inmediatamente a la sociedad civil.
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Según Ordóñez, la administración por parte de los militares no ha sido buena. Puesto que en reiteradas ocasiones se les ha violentado los derechos a los privados de libertad, explica la dirigente.
Además, destacó que en los centros penales como Támara, ubicado en el departamento de Francisco Morazán, tienen a más de siete mil reos, cuando su capacidad máxima es solo de cuatro mil personas.
Muertes en cárcel de máxima seguridad
Ordóñez, en sus declaraciones, mencionó la muerte de «Magdaleno», un reo que se encontraba en la cárcel de máxima seguridad y fue asesinado.
“Ha habido muertes, les recuerdo la muerte de Magdaleno, ¿dónde están los controles? Esto pasó en módulos de máxima seguridad”, enfatizó.
Asimismo, exigió que habiliten nuevamente la visita a los familiares, ya que, según ella, es un derecho que toda persona debe tener y se les ha negado.
“Mientras estén los militares gobernando el sistema penitenciario no vamos a salir a adelante”, advirtió.
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