TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano que el Estado debe proteger y sancionar todos aquellos abusos que afectan a la población nacional.
Lo anterior, Herrera Cáceres, lo expresó en referencia a lo que ocurre con la Empresa Energía Honduras (EEH).
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo emplazó a EEH para que presentara un informe sobre avances obtenidos en sistema eléctrico.
A juicio de Herrera, la intervención de ese poder del Estado debe ser constantemente y llevarla hasta sus últimas instancias. Lo anterior, para evitar eludir el cumplimiento de sus responsabilidades.
Herrera considera que el Estado debe proteger el derecho humano a la energía que tienen los hondureños.
Ante los atropellos cometidos contra los abonados, el ombudsman, pidió constituir asociaciones de protección a los usuarios de energía eléctrica.
“En cada comunidad, la población debe asociarse para evitar las violaciones a sus derechos humanos”, aseguró el defensor.
Asimismo, Herrera afirmó que temas fundamentales como el de la energía eléctrica debe ser resuelto lo más pronto posible.
De igual forma, señaló que los abusos contra los hondureños deben tener una solución permanente.
“La energía eléctrica es un derecho colectivo que debe protegerse en función de los intereses de las comunidades. Especialmente se deben proteger los sectores más desfavorecidos”, aseveró Herrera.
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Herrera Cáceres: “La CREE debe supervisar la aplicación debida de la ley”
El defensor recordó que en años pasados mantuvo reuniones con representantes de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE). Eso, debido a que es la entidad que “supervisa” situaciones como alzas inmoderadas en cobros a los usuarios.
Cabe indicar que CREE fue creada por la Ley General de la Industria Eléctrica, vigente desde el 2014. Dicha entidad tiene entre sus atribuciones supervisar la aplicación debida de la Ley. Particularmente la continuidad y seguridad del servicio público.
“Proveer energía eléctrica a los habitantes es una responsabilidad del Estado. Es un derecho humano que el Estado debe garantizar a la población. Debe ser un servicio público continuo, disponible, accesible y de calidad, sin exclusión alguna”, puntualizó el ombudsman hondureño.
Para finalizar, el funcionario dijo que es importante dar respuestas rápidas a las quejas que la población ha venido interponiendo. Además, garantizar la transparencia en las tarifas para que todo se haga en beneficio equitativo de los habitantes.
“Las interrupciones en el servicio eléctrico constituye una amenaza a la continuidad y seguridad del servicio público. También, al cumplimiento de normas de calidad que, en beneficio de los usuarios, deben regirlo”, concluyó.
