TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por condiciones de hacinamiento entre los privados de libertad, autoridades han determinado realizar una intervención en el centro penal de Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán.
Este centro penal tiene un hacinamiento de 2 mil 310 privados de libertad. De acuerdo con el Juzgado de Ejecución Penal, se les han violentado sus derechos y, por eso, se tiene que realizar la intervención lo antes posible.
Para consolidar el plan de intervención que implique un descongestionamiento de este centro de reclusión, se integró una comisión que está avalada por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Marisa Burgos, coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal, afirmó a un medio de comunicación local que, con el plan de intervención del colapso del centro penal, se pretende agilizar la posterior libertad condicional.
Conforme al plan de intervención, esta problemática se ha venido arrastrando desde hace algunos años. Afecta a todos los centros penitenciarios a nivel nacional.
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Situación real en el centro penal
Son varias las situaciones por la que se origina este problema de hacinamiento. Una es, por ejemplo, la mora judicial. Significa que existen varios privados de libertad con la medida de prisión preventiva ya vencida y aún no se les ha revisado.
Por otro lado, la incorrecta aplicación de las funciones de los consejos técnicos interdisciplinarios en los centros penales, porque, al no realizar sus funciones, desde el ingreso de cualquier privado, resulta difícil llevar a cabo evaluaciones cada seis meses y la ejecución del tratamiento progresivo penitenciario.
El tercer punto es que falta de personal en los centros penales, principalmente en la cárcel de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán. Asimismo, hacen traslados de reos sin valorar el entorno ni el proceso del tratamiento penitenciario de todo privado de libertad condenado.
La cárcel de Siria alberga privados del todo el país
Este centro penal ubicado en el valle de Siria, alberga en su mayoría a privados de libertad que provienen de San Pedro Sula y el resto del departamento de Cortés. Asimismo, recibe del departamento de Santa Bárbara, que son en el norte y occidente de Honduras.
Las estimaciones de las autoridades es que hay unos 600 privados que ya tienen su condena. En este 2021, más de un centenar podría optar al beneficio de pre-liberación con la reforma del artículo 112 de la Ley del Sistema Penitenciario.
Sin embargo, esos 100 privados de libertad no pueden gozar del beneficio legal debido a que sus familias habitan fuera del departamento de Francisco Morazán. Dicho aspecto genera el desarraigo familiar, que es un requisito necesario para optar al beneficio.
Ante la situación, el Juzgado de Ejecución puntualizó que se debe realizar traslados por razones humanitarias, para que los privados estén cerca de sus familiares. Al no hacer posible la opción al beneficio, en los centros penales se están ocupando espacios que los puede sustituir un recluso de primer ingreso.
Funcionalidad para los centros
En tal sentido, Marisa Burgos remarcó que no se trata solo de descongestionar los centros penales, sino además de darles la funcionalidad para la cual cada uno de ellos fue creado.
“Por la sobrepoblación que mantiene dicho centro penal y por la distancia con los juzgados se produce la mora judicial, violentando el debido proceso, el cual le asiste a todo encausado”, añade el plan de intervención del Juzgado de Ejecución.
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