TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de conocer el informe sobre la situación financiera del país que presentó la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, el gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro, ejecutará 21 medidas con el objetivo de hacerle frente a la crisis económica, que «dejó la pasada administración en perjuicio de las arcas públicas».
El registro transparente de la ejecución del presupuesto asignado a todos los poderes y órganos del Estado, la presentación de un plan de pago de la deuda pública ante la banca privada y los organismos financieros internacionales, la reformulación del presupuesto para destinar recursos a programas sociales, y la eliminación de los mecanismos creados para desviar fondos con intereses políticos y particulares, son parte de las 21 medidas que adoptará el gobierno para hacerle frente a la difícil situación financiera que «heredó el gobierno anterior».
Seguidamente, trabajarán para eliminar el monto de salario que exceda lo asignado en el presupuesto para la presidenta de la República, auditar y determinar todas las aperturas ilegales y los ajustes hechos al Sistema de Administración Financiera (SIAFI), para transacciones y pagos no presupuestados del 28 de noviembre de 2021 al 26 de enero de 2022. También, externaron que van a subastar los bienes públicos fuera de uso, incluido el avión presidencial, son medidas «para recuperar las finanzas públicas».
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Otras decisiones
Además, dentro de las 21 decisiones figuran:
- Declarar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como patrimonio nacional propiedad del pueblo hondureño.
- Declarar lesivo para los intereses del país el contrato de la Empresa Energía Honduras (EHH).
- Establecer una revisión de los contratos y plan de pago de la deuda con los generadores
- Reformar la ley de la industria eléctrica; licitar nacional e internacionalmente la contratación de energía y para la contratación de la cobertura a través de los paneles solares.
- Financiar la construcción de las represas Jicatuyo y Los Llanitos.
- Y ratificar que los abonados que consumen hasta 150 kilovatios de energía tendrán el servicio gratuito.
Asimismo, buscan someter a revisión y auditoría los contratos de la Alianza Público Privada (APP), para determinar si existe o no responsabilidad penal, civil y administrativa, e instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH). Estas medidas son parte de los mecanismos que «permitirán la deducción de responsabilidades a los saqueadores del erario público, así como recuperar lo que se ha perdido por corrupción».
Del mismo modo, el gobierno indicó que aunque recibió «un país en quiebra», trabajará por darle a los hondureños el desarrollo, bienestar y acceso a los derechos fundamentales que merecen.
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