TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Poder Judicial, al terminar la audiencia en contra de los exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), comunicó que aplicaron medidas cautelares, por lo que se defenderán en libertad.
Los cuatro personajes comparecieron ante un juez en materia de corrupción para una audiencia de declaración este jueves, la cual se prolongó hasta la tarde y concluyó en horas de la madrugada de este viernes.
La resolución de la primera audiencia fue que a los exfuncionarios se les dictó medidas cautelares, debido a que enfrentan acusaciones de fraude y violación a los deberes de funcionarios.
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#JuzgadoPenal en Materia de Corrupción en resolución de Audiencia de Declaración de Imputado dicta medidas cautelares para los 4 exfuncionarios de COPECO acusados de Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios. Audiencia Inicial 10 de junio a las 9:00am pic.twitter.com/EGP0RD9OlO
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) June 3, 2022
Se trata del exministro de COPECO, Gabriel Alfredo Rubí Paredes; el exsubcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez y el exadministrador Cristian Elías Santeli.
En el mismo requerimiento fiscal, se acusa a la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO, Arlette Magaly Montero Rodríguez, por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública.
El Poder Judicial dio a conocer que la audiencia inicial se programó para el próximo viernes 10 de junio a las 9:00 de la mañana.
Resultados de la investigación
La investigación en la que acusan a los exfuncionarios es en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del 2020, donde solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax.
El triaje no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora. Se estima que en este proyecto hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
Esta indagación revela que la obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud.
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Además, indica que omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en la exploración de mejores condiciones de costo y calidad.
También informa que Rubí autorizó el pago del 15 % anticipado sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra. Por su parte, Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que esa empresa sería la que ejecutaría la obra.
Finalmente, detalla que la obra quedó inconclusa, no hubo una acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma.
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