El ciudadano presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado la reestructuración del gabinete económico con la finalidad, dice, de dar incentivo a la reducción de las tasas de interés y motorizar la inversión productiva.
El ciudadano presidente insiste en que la sobre-liquidez en la banca privada —más de 62,000 millones de lempiras— y el destino del 57% del crédito para el consumo son los factores principales de la paralización económica.
“Mi llamado a la banca —reclama el Ejecutivo— es que tenemos que revisar esa enorme cantidad de dinero que se va al consumo, porque si la gente solo pasa con una, dos, tres y cuatro tarjetas de crédito, pagando una con la otra, solo está trabajando para la banca”.
La embestida del gobierno contra la banca privada y los banqueros es un nuevo tema de justificación presidencial, con lo que, después de todo, busca enmascarar el fracaso de la política económica. La renuncia de Marlon Tábora del cargo de presidente del Banco Central (BCH) puede ser, en este sentido, sintomática.
Sintomática, por supuesto, de un choque de criterios acerca de la política de Estado formulada por el equipo de gobierno, que ahora tratan de resolverla con el cambio del “gabinete económico”, pero sin llegar al meollo de la cuestión, que es, en efecto, el problema financiero derivado de los exagerados controles represivos y del tótem macroeconómico.
La referencia al uso y abuso de las tarjetas de crédito —de lo que en el caló financiero denominan “bancos tarjeteros”— puede ser, en este caso, ejemplificador. Alrededor del 30% del recurso a la tarjeta de crédito utiliza para financiar —a la desesperada, ciertamente suicida— las “mipymes” (micro y pequeñas empresas) que no tienen acceso al crédito regular por impedimentos de las regulaciones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (BNS).
El problema de la intermediación financiera, según las argumentaciones de los banqueros y de los expertos en materia económica, es consecuencia del encarecimiento administrativo, debido a la complicada y costosa normatividad exigida por la CNBS, al grado de que por lo menos un 60% del tiempo administrativo se ocupa en el cumplimiento de esas regulaciones, so pena de graves sanciones, en su mayoría injustas.
A eso cabe añadir el ominoso encaje bancario, o sea el volumen del depósito destinado a la banca central (al Estado) que, para colmo, se está empleando para cubrir el déficit presupuestario y para pago del servicio de la deuda externa, en función de los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El reordenamiento del gabinete económico, entonces, para ser eficaz pasaría por una modificación estructural de la política financiera, monetaria y fiscal, por lo menos, en concordancia con la realidad económica y social de nuestro país. Por lo pronto, no se ve luz a través del túnel, mucho menos en lo fundamental, que es la producción agropecuaria.
