TEGUCIGALPA-HONDURAS. Desde el pasado 4 de abril, el Ministerio Público (MP) investiga a funcionarios de varias instituciones por denuncias de supuestas irregularidades que cometieron en las compras hechas en el marco de la emergencia por COVID-19.
A partir de esa fecha, más de una decena de altos funcionarios relacionados a dichas compras “desfilaron”, para rendir declaración, por las oficinas de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La polémica surgió el pasado mes de abril cuando apenas iniciaba la pandemia en Honduras. En ese momento, se denunció la supuesta compra sobrevalorada de percoladoras, televisores y otros enseres por parte de COPECO.
Por esa situación, suspendieron de su cargo al administrador de la Comisión de COPECO, Christian Santelli Echeverría, y otras personas. Ellos resultaron como responsables de enviar información de compras de insumos médicos a la Secretaría de Finanzas.
Asimismo, debido a esa denuncia, Gabriel Rubí optó por renunciar a la dirección de COPECO y someterse a las investigaciones del MP.
Posteriormente, en el marco de las investigaciones, la FESCCO y ATIC citaron a declarar a funcionarios y empleados de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H). Así como también a otros titulares de algunas secretarías de Estado, entre ellas Finanzas.
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Titulares de secretarías que ya declararon
En primer lugar se sumó el exdirector de Invest-H, Marco Bográn y la actual ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.
A Bográn se le señaló por la comisión de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Lo anterior se deriva de las investigaciones por la compra de siete hospitales móviles de los cuales solamente dos llegaron a Honduras en julio pasado.
De igual forma, la extitular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, declaró en calidad de testigo en el caso «Hospitales Móviles».
Igualmente, en el caso, el MP tomó la declaración de la presidenta del Consejo Consultivo de Invest-H, Martha Doblado. Y, también, la exdirectora de Invest-H, Evelyn Bautista, entre otro personal de Invest-H.
Es preciso indicar que los siete hospitales móviles se compraron a una empresa turca a un costo de casi 48 millones de dólares. Esa cifra representó unos 1,200 millones de lempiras para el Estado de Honduras. Según organizaciones de sociedad civil, dichas unidades se adquirieron a precios sobrevalorados.
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Caso: “Mascarillazo”
Luego de eso y en seguimiento a las líneas de acción por la compra de insumos médicos y equipo de bioseguridad, el MP citó a la congresista Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos.
Ellos tuvieron que declarar porque a través de la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T) suscribieron en abril un contrato con Invest-H, para la venta de 474 mil mascarillas KN95 por un valor de 50 millones de lempiras.
Dicho contrato es otra línea de investigación que la Fetccop y la ATIC trabajan en torno a la denuncias en las compras de emergencia efectuadas por el Estado, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Asimismo, en dicho caso, el MP citó a German Palacios y María Elena Palacios Hernández, propietario y administradora respectivamente de la ferretería «Germar». Ellos, son padre e hija y se les considera como los empresarios e «intermediarios» que propiciaron la venta.
Según investigaciones preliminares, ellos adquirieron las mascarillas al Grupo de Gestión y Tecnología (GyT) que administran Juan José Lagos y Waleska Zelaya, diputada nacionalista.
De igual forma, declaró la encargada interina de procesos de licitación de la Secretaría de Salud, Olivia Morales. Así como también, el gerente administrativo de la Secretaría de Salud, César Raymundo Barrientos Palada, cuarto investigado en ese caso.
Por último declaró, Álex Alberto Moraes, administrador de Invest-H a polémica compra de mascarillas sobrevaloradas.
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Líneas de investigación que sigue el MP en compras de emergencia
El portavoz del MP, Yuri Mora, confirmó días atrás que son 16 líneas de investigación que trabaja ese ente acusador del Estado en relación a las denuncias en compras de emergencia.
Según detalló, la Fetccop trabaja tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios. El investigado es Invest-H.
Asimismo, la Fetccop y la ATIC desde el pasado 4 de abril mantienen activas tres líneas de investigación en las oficinas en Tegucigalpa de Copeco.
Mientras que en la Secretaría de Salud se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad.
A las siete anteriores, se suman tres líneas de investigación que desde el pasado 1 de mayo ocupan la atención de la Fetccop y la ATIC de la Regional de San Pedro Sula. Eso en relación a la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, las donaciones del programa Honduras Solidaria a la Alcaldía de El Progreso. Y también la compra de pruebas rápidas por parte de INVEST-H en la zona norte del país.
La última línea de investigación de la Fiscalía se vincula con La Ceiba, donde fiscales anticorrupción investigan desde el pasado 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio por el supuesto mal uso de una donación de Corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 en el Hospital General Atlántida.
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