TEGUCIGALPA, HONDURAS- La compra de Hospitales Móviles durante la pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto varios casos de corrupción en la adquisición de estos. Y entre los más polémicos se encuentra el Hospital Móvil de Villanueva, en el departamento de Cortés, considerado por muchos como una «perdida total».
En la compra de éste se invirtieron casi 6 millones lempiras (L.5,560,278.21). Sin embargo, el hospital consistió en la instalación de una carpa que, a todas luces, no cumplía los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes, sobre todo en momentos críticos como una pandemia.
En ese sentido, como resultado de las investigaciones hechas por el Ministerio Público (MP), se estableció una culpabilidad en la compra fraudulenta al entonces viceministro de Salud, Nery Cerrato, en su condición de coordinador del Comité Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
Asimismo, se involucró a Gabriel Rubí, ministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO).
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Este martes, 6 de septiembre de 2022, autoridades del MP anunciaron la captura de Nery Cerrato. Su detención está vinculada a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y una unidad de aislamiento para el combate de la COVID-19 en Villanueva, Cortés.
En tal sentido se informó que a Cerrato se le dio captura a inmediaciones del centro de salud del municipio de Teupasenti, en el departamento de El Paraíso.
¿Cómo se consumó el fraude?
Conforme a las investigaciones del Ministerio Público, los encausados Cerrato y Rubí se coludieron para defraudar las arcas publicas. Esto con el objetivo de beneficiar a la empresa DLX Enterprise LLC, que solo entregó toldos y camillas de campamento.
En ese sentido, el 28 de febrero del 2020 ambos implicados habrían realizado la solicitud para la adquisición del hospital y las salas de asilamiento, y presuntamente alteraron documentos y violentaron una serie de procedimientos legales en un tiempo récord de dos días.
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de San Pedro Sula, junto a elementos de la investigación de los delitos Contra la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, confirmaron la manera en que se llevaron a cabo las transferencias que el Gobierno hizo a DLX Enterprises LLC por concepto de pago de las carpas y los toldos móviles.
Además, se detalla que el 2 de marzo del 2020 se realizó un adelanto de 33,502.97 dólares (unos 821,827 lempiras), y siete días después se transfirieron 78,173.61 dólares (1 millón 917 mil 598 lempiras). Finalmente, en fecha del 17 de marzo del 2020 se llevó a cabo el pago de 111,676.58 dólares (2 millones 739 mil 426 lempiras).
En referencia a las inspecciones de campo y pericias de expertos de Ingeniería Civil y Biomédica, se acreditó que el fallido proyecto se instaló en un predio de tierra «inundable y sin estudios topográficos».
Asimismo, el MP detalla que el hospital no contaba con el equipo medico y tecnológico necesario para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el COVID-19.
Condiciones del hospital móvil
Durante las inspecciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), este ente informó que mediante su visita al Hospital Móvil no se observó la existencia de una construcción de obra civil para la instalación correcta del mismo.
Asimismo, en el momento se detalló que éste resultó víctima de inundaciones en su interior debido a las fuertes lluvias. Por lo tanto, se lo reubicó a tan solo 200 metros de su lugar original.
En ese sentido, explicaron que la carpa se encontraba sobre un terreno de relleno mal compactado, provocando que la lona del hospital se rasgara. Asimismo, la energía eléctrica se registró como fluctuante e inestable.
No obstante, pese a que el hospital contara con un generador eléctrico, carecía de accesorios esenciales para su funcionamiento. Sin embargo, en su momento, el costo de la reparación ascendía a unos 200 mil lempiras.
Además, el informe del CNA en 2020 anunció que éste no contaba con aire acondicionado, y las temperaturas en su interior eran elevadas.
Desmantelamiento de la «carpa»
Por su parte, en enero del presente año se reportó que luego de múltiples problemas en este hospital móvil, que fue instalado por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), procedieron a desmontarlo.
Según se conoció, trabajadores de la institución llegaron y empezaron a quitar poco a poco los utensilios. Después los subieron a un camión para trasladarlos a las instalaciones de COPECO.
Este hospital móvil fue fuertemente criticado por muchos hondureños, sobre todo por los obstáculos que presentaba. En reiteradas ocasiones se reveló que fue objeto de actos vandálicos. Además, se quedó sin suministro de agua y hasta le cortaron los ductos de ventilación.
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