TEGUCIGALPA, HONDURAS. La medida de auto de formal procesamiento logró la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para tres exfuncionarios del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
A estos tres ciudadanos se les abrió una línea de investigación por la comisión de distintas actividades ilícitas, relacionadas con el mal uso de los recursos financieros de esta institución estatal.
Los acusados en esta causa son:
- El exgerente del SANAA, el señor Luis René Eveline Hernández, acusado de os delitos de violación a los deberes de los funcionarios.
- Ex gerente financiero, Rodolfo San Martín Bendaña, acusado de usurpación de funciones y malversación de caudales públicos.
- Extesorero Óscar Urbano Núñez, acusado de violación de los deberes de los funcionarios.
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Desviación de fondos
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público en este caso, se desviaron al menos setecientos veinticinco mil lempiras (L725 mil), fondos del SANAA.
Asimismo, se conoció que todo el dinero fue a parar a una cuenta personal del exgerente legal, Aníbal Rodríguez Umanzor. Él ya se encuentra con auto de formal procesamiento y prisión preventiva por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.
Asimismo, la cantidad malversada se emitió a través de cinco (5) cheques, de distintos montos que van de entre los 20 y 250 lempiras, detalla el Ministerio Público.
También se logró constatar en la investigación que la asignación de estos fondos especiales para el exgerente legal del SANAA, no se siguieron bajo los requisitos legales que ya están establecidos en el reglamento interno de uso y manejo de caja chica y fondos especiales de la institución.
Es por lo anterior, que el Ministerio Público demostró que los exfuncionarios de SANAA irrespetaron las normas y asignación de fondos de la instancia.
Para el caso del exgerente del SANAA, Luis René Eveline Hernández, que autorizó los pagos, el deber que tenía como funcionario era verificar que existiera la solicitud del empleado o funcionario, donde pedía el capital y la respectiva justificación de su utilización.
Además la Fiscalía determinó que la cantidad límite para solicitar es de 50 mil lempiras y en varios de los desembolsos rebasaban ese monto.
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