Redacción.- La Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, acusó este viernes al exdirector ejecutivo de un comité de la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, Roberto Cosenza, de haber recibido sobornos para beneficiar una firma textil que hizo los uniformes de la Policía Nacional.
Según la investigación de las autoridades estadounidenses, Cosenza y otras dos personas estuvieron involucrados en una red internacional de sobornos. El informe detalla que el exfuncionario del gobierno de Juan Orlando Hernández facilitó los contratos a la línea textil por un monto de unos 10 millones de dólares.
Los otros dos acusados son Carl Alan Zaglin, de 68 años, dueño de una firma textil con sede en Georgia; y Aldo Nestor Marchena, de 50 años, con domicilio en la floridana Boca Raton.
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Las investigaciones señalan que entre marzo de 2015, hasta noviembre de 2019, los acusados pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno hondureño, entre quienes firguraría Cosenza, para obtener contratos relacionados a uniformes y otros bienes de la Policía Nacional de ese país.
Cosenza y otros funcionarios del gobierno hondureño presuntamente ayudaron a Zaglin, Marchena y a otros a lograr contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la institución policial y a «asegurar el pago de los contratos».
Lavado de activos
La Fiscalía afirma que para ocultar los pagos de los sobornos, Zaglin, Marchena y Cosenza, entre otros, habrían lavado «las ganancias del plan corrupto». Esto lo habrían hecho a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Los imputados habrían enviado más de 166.000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan.
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La Fiscalía acusó a los imputados por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. Cosenza y Marchena también afrontan cada uno un cargo de lavado de dinero y otro de participación en transacciones con propiedad derivada de delitos.
Cosenza y los otros dos acusados podrían recibir una pena de hasta 30 años de prisión en Estados Unidos. Finalmente, en Honduras se maneja que el exfuncionario del gobierno nacionalista sería el nuevo extraditado al país norteamericano.
