TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La secretaria de Finanzas, Rocío Tabora, informó este día que ya disponen de L200 millones para hacer el primer desembolso a la empresa ORACLE para la creación de una nueva base de datos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) que permitirá la creación de la nueva tarjeta de identidad.
De acuerdo a la Junta Interventora del RNP, alrededor de $10 millones (L245 millones) se ahorrará el Estado al haber negociado de manera directa con la empresa ORACLE. Dicha empresa dará las licencias que modernizarán la base de datos del RNP.
Nota relacionada: Partido Liberal rechaza aprobación de contrato para nueva tarjeta de identidad
Sépalo: Contrato aprobado por el CN
Cabe recordar que el pasado miércoles, en medio de un tremendo caos, los diputados del Partido Nacional y de la Alianza Patriótica aprobaron dicho contrato.
Se debe mencionar que dicho contrato debía ser ratificado por el Congreso antes de que terminara el mes de mayo. Porque de lo contrario, el proceso de identificación entraría en un desfase.
El contrato en cuestión fue aprobado en un tercer y último debate, después de la dispensa de los primeros dos. Este se hizo por 7,6 millones de dólares (L. 187 millones).
Según explicaron funcionarios del Registro de las Personas, en dicho acuerdo se destaca la adquisición de un contrato de licencia ilimitada. Esto, según ellos, permitirá instalar el sistema de identificación en todos los equipos necesarios. Será de manera armonizada con instituciones privadas y públicas.
También, señalaron el RNP contará con un equipo de técnicos certificados. Dicho personal se encargará de promocionar el mantenimiento necesario al sistema de manera continua.
La oposición en insurección
Por otro lado, los diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que desde un inicio protestaron durante la sesión, se han declarado en insurrección porque el Congreso se niega a nombrar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral.
En tanto, siguen en sus cargos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que desde el 15 de mayo pasado vacaron en sus funciones.
