TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de un comunicado, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), informó de la contratación de una firma legal internacional para un bono financiero.
El escrito detalla que la firma legal contratada en 2019 es, ARNOLD y PORTER KAYE SCHOLER LLP. Este ente se contrató con la finalidad de proporcionar servicios jurídicos, para la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales de la capital, sostuvieron.
“Se contrató dicho bufete para acompañar y asesorar a esta Secretaría en el proceso de colocación de un bono soberano en el mercado financiero internacional”, comunicaron.
Además, el comunicado detalló que la firma legal ha acompañado a Honduras en anteriores procesos de colocación de bono, en años muy puntuales; 2013 y 2017.
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Información de The Washington Post
El diario estadounidense The Washington Post, indicó que el gobierno hondureño contrató a la firma legal ARNOLD y PORTER KAYE SCHOLER LLP en 2019, «para frenar las investigaciones en contra de Juan Antonio Hernández».
«El gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández contrató a un poderoso bufete de abogados en Washington para presionar a los fiscales estadounidenses, para que cancelen una investigación de narcotráfico patrocinada por el estado de su hermano, quien fue sentenciado esta semana por contrabandear 185 toneladas de cocaína a los Estados Unidos», informó el rotativo.
Según el periódico, «los fiscales estadounidenses citaron una fallida campaña de influencia por parte de la firma legal ARNOLD y PORTER KAYE SCHOLER LLP. La campaña incluyó el asesinato de 4 personas relacionadas con la investigación», expresaron.
«Como señalaron los fiscales en los documentos de sentencia, Honduras en septiembre de 2019 contrató a un bufete de abogados de los EE. UU., para presionar al equipo de la fiscalía. Los fiscales no nombraron la firma, pero Arnold & Porter revelaron por separado la relación en los formularios de divulgación de cabildeo extranjero del Departamento de Justicia«, informaron.
Asesinato a presunto informante
Según la nota, «los abogados de la firma dijeron a los fiscales que no representaban al acusado (Tony Hernández). Sin embargo, estaban tratando de hacer diligencia debida, para una transacción no especificada», dijeron los fiscales en documentos judiciales. Los abogados de la firma también advirtieron sobre las «consecuencias colaterales del caso, incluido el posible cierre de bases militares estadounidenses en Honduras y problemas de inmigración no relacionados», dijeron los fiscales.
El diario además relató que «los fiscales citaron la campaña de cabildeo entre los supuestos esfuerzos de obstrucción. En los mismos se incluye el asesinato de un presunto informante estadounidense en una prisión de máxima seguridad de Honduras.»
Una portavoz dijo que Arnold & Porter y sus abogados, se negaron a comentar sobre el asunto de Honduras o sus presentaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
«El 23 de septiembre de 2019, la firma reveló una carta de acuerdo firmada el 27 de agosto por la ministra de Finanzas de Honduras en ese momento, Rocío Tábora. La misma acordaba pagar a la firma $ 475,000 hasta el 30 de noviembre. Esto era sumado a gastos por proporcionar servicios legales en una transacción de los mercados de capitales internacionales», según el diario mencionado.
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