TEGUCIGALPA, HONDURAS. En audiencia de notificación de resolución el juez natural del Caso Fe de Erratas confirmó auto de formal procesamiento para el diputado Román Villeda y sobreseimiento definitivo para el diputado José Tomás Zambrano.
Según la información proporcionada por el Poder Judicial de Honduras, se debe extender carta de libertad definitiva para Zambrano, secretario del Congreso Nacional (CN); sin embargo, para Villeda se confirmó auto de formal procesamiento para dos de los tres delitos de los cuales fue acusado: falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. Mientras que también otorgan sobreseimiento por delitos contra la forma de gobierno.
Posteriormente, la Corte declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría General de la República.
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Antecedente
El pasado 24 de mayor se confirmó el requerimiento fiscal en contra de Román Villeda y Tomás Zambrano por parte de las autoridades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Ente de la organización de los Estados Americanos (OEA).
El 28 de junio un juez decretó sobreseimiento definitivo para el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Mientras que para el diputado Román Villeda se decretó auto de formal procesamiento con medidas cautelares. Lo anterior, por los delitos de abuso autoridad, falsificación de documentos públicos y delito contra la forma de gobierno. Esto en el caso conocido como fe de errata.
En ese sentido, la MACCIH propuso al Ministerio Público (MP) que este caso fuera remitido a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (EFECIC). Esto, para ser investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal.
Según reporte, en las investigaciones que realizaron estos entes, hallaron indicios suficientes que tratarían de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto. En donde los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso.
Lo anterior, con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a diputados procesados; acusados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos.
