TEGUCIGALPA, HONDURAS. Autoridades del gobierno publicaron este viernes, en el diario oficial La Gaceta, dos decretos ejecutivos donde prorrogan la declaratoria de estado de emergencia por COVID-19 y las afectaciones que provocaron las tormentas tropicales Eta e Iota, hasta el próximo 31 de diciembre del 2021.
De acuerdo con lo informado, el primer decreto es el PCM 146-2020 que en su parte toral señala:
«Prorrogar la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia y Humanitaria y Sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, que se decretó en todo el territorio nacional mediante decreto ejecutivo Número PCM 005-2020 que se publicó en La Gaceta el 2 de febrero del año anterior».
El propósito de ese decreto, según las autoridades, es continuar y fortalecer las acciones de prevención y control, y garantizar la atención de personas que padecen Dengue.
Asimismo, fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención de las personas ante la actual ocurrencia de Coronavirus (COVID-19).
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Declaratoria de emergencia por Eta e Iota
Por su parte, el segundo decreto PCM 109 -2020 que publicó el gobierno, es producto del estado de emergencia que provocaron las tormentas tropicales Eta e Iota a nivel nacional.
Dichos fenómenos naturales generaron graves daños a la infraestructura vial del país. Lo cual se configuró en una nueva crisis humanitaria en Honduras y se unió a la causada por la COVID-19.
La declaratoria de emergencia causada por estos ciclones, también se prorrogó hasta el 31 de diciembre del presente año.
De ese modo, los decretos ejecutivos ya se publicaron en el diario oficial del país con fecha 29 de diciembre del 2020.
Lo peligroso de estos nuevos decretos, según entendidos en el tema, es que las compras de emergencia continuarán. Sin embargo, en dichos procesos hay irregularidades que se han detectado y que organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recientemente han denunciado.
Como este año es político, las organizaciones de sociedad civil hacen un llamado a los veedores, para que garanticen la transparencia en dichas compras de emergencia. De esa manera, evitar que el dinero del erario público se desfalque.
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