TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este día ingresó al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, el expediente que contiene la causa contra Erika Julissa Bandy García, esposa de Magdaleno Meza. Además, el de los ciudadanos José Santos Mejía Laínez, Daniel Alberto Ticas Santos y Maximiliano Echeverría García.
Es preciso recordar que a ellos se les supone responsables de los delitos de lavado de activos. Igualmente, están acusados por el delito de tenencia ilegal de armas de uso comercial y prohibido.
Asimismo, los señalan por tenencia de explosivos de uso prohibido en perjuicio de la economía y la seguridad interior del Estado de Honduras.
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Expediente de Magdaleno Meza incluido en el proceso
De la misma forma, en el proceso se incluyó al difunto Nery Orlando López Sanabria, conocido también como Magadaleno Meza. quien era el esposo de la señora Bandy García.
Magadaleno Meza estaba acusado por los delitos de lavado de activos. A su vez, por tenencia ilegal de armas de uso comercial y prohibido, uso indebido de nombre supuesto y soborno doméstico.
Sin embargo, las partes tendrán que solicitar la extinción de la acción penal de éste ante el Tribunal, debido a que lo asesinaron en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, en Santa Bárbara. De la misma forma, tendrán que solicitar la extinción de cualquier otro proceso contra el encausado.
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La captura contra los señalados se realizó luego de una denuncia anónima, en la cual informaban que ellos pasarían por Narco, Cortés, a bordo de dos vehículos blindados.
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Luego de ser detenidos, a los encausados les encontraron armas de fuego, dinero, granadas y varia documentación de vehículos. También las narcolibretas que luego salieron a relucir en el juicio contra el exparlamentario Antonio (Tony) Hernández en Nueva York.
Sépalo
De acuerdo al Código Penal, el delito de lavados de activos es penalizado con reclusión de 15 a 20 años de prisión.
Asimismo, los delitos relacionados con armas de uso prohibido son castigados con 8 a 10 años de cárcel. En tanto, tienen que pagar una multa que oscila entre 5 mil a 10 lempiras por cada arma incautada. En la comercial la pena es de tres a seis años de reclusión.
