TEGUCIGALPA, HONDURAS. El exfiscal de Lucha Contra el Narcotráfico, Nelson Domínguez, motivó a los miembros de la Junta Nominadora a evaluar el desempeño de los seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que buscan la reelección, para establecer de conformidad si pueden volver a tomar el cargo.
Los seis profesionales del derecho que volvieron a autopostularse para formar parte de la nueva CSJ son: Edwin Ortez, Edgardo Cáceres, María Castro, Jorge Zelaya, Rafael Bustillo y Jorge Serrano.
Al respecto, el exfiscal Domínguez opinó que la reelección tendría haber estado prohibida o debió darse de manera alterna para otro periodo.
Asimismo, el togado dijo que los miembros de la Junta deben considerar si los actuales magistrados emitieron sentencias correctas estando en el importante puesto.
“Ellos tienen el derecho de autopostularse, pero es la Junta Nominadora la que debe establecer cuál fue el desempeño de estas personas en el cargo. Si no lo fue, si avalaron la reelección y emitieron sentencias incorrectas, será la Junta Nominadora quien los evaluará y verá si son idóneas”, expuso.
De igual forma, Domínguez todo profesional debe ser ético y reconocer cuál fue su papel para luego volver a postularse.
“Pero será la Junta Nominadora con los lineamientos que tiene, quien establecerá si estas personas son idóneas para ser magistrados”, concluyó.
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Perfiles de los magistrados
Jorge Abilio Serrano
El abogado Jorge Abilio Serrano es uno de los participantes que buscan mantener su lugar en la Corte Suprema. Actualmente, se desempeña como coordinador de la CSJ.
Cuenta con un doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil, el cual cursó en la Universidad de San Carlos en Guatemala.
Otro de sus logros académicos es una Maestría en Derecho Mercantil, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Edgardo Cáceres Castellanos
El señor Edgardo Cáceres llegó a la CSJ en el 2016 y desde entonces se desempaña realizando varias actividades en ese organismo. Tiene 68 años y es padre de cinco hijos.
A lo largo de su carrera se ha desempeñado como abogado y notario en varios casos importantes.
Se graduó como abogado de la UNAH en 1966 y fue parte de la Comisión Redactora del Código Procesal Laboral.
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Edwin Ortez Cruz
Edwin Francisco Ortez Cruz es un profesional del Derecho que formó parte de la Corte de Apelaciones Especiales.
Es un abogado y notario graduado de la UNAH y posee un diplomado en derecho procesal penal de la Universidad de Salamanca, España.
El abogado Ortez también se ha desempeñado como asistente de varios magistrados del Poder Judicial.
Fue Ortez Cruz quien conoció el expediente del caso de la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y luego concedió la petición de Estados Unidos.
María Fernanda Castro
María Fernanda Castro Mendoza es otra de los personajes que busca no perder su cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Ella tiene un doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos. Asimismo, domina el francés y el inglés.
Cuenta con más de 25 años ejerciendo en el mundo de las ciencias jurídicas y entre sus experiencias destacan haber sido juez y es la fundadora de la Asociación de Jueces y Magistrados.
Rafael Bustillo Romero
Graduado de la UNAH y actual magistrado, es otro de los aspirantes que busca consumar una relección.
Lleva ejerciendo más de 15 años y desde el 2007 se desempeña como notario, ha tenido importantes cargos en el Colegio de Abogados de Honduras(CAH).
Entre el 2002 y el 2003 fue secretario de la Junta Directiva del CAH y entre el 2004 y el 2006 fue presidente de esa misma institución.
Desde el 2008 ha sido magistrado de la CSJ y también juez en diversos casos jurídicos en Honduras.
Jorge Alberto Zelaya
El abogado Jorge Alberto Zelaya es magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2010.
Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales orientada en Derecho Administrativo de la UNAH. Zelaya no solamente es abogado, pues también cuenta con experiencia como juez.
Zelaya Zaldaña es magistrado de la Sala Constitucional. En el 2020, cuando era parte de la Corte de Apelaciones Natural del Poder Judicial, la Unidad Fiscal Especial Contra las Redes de Corrupción (Uferco), lo denunció por el delito de prevaricato negligente.
