Tegucigalpa, Honduras. El excanciller de la República, Lisandro Rosales, en una entrevista para un medio local, aseguró que no vive en Nicaragua y que actualmente no tiene procesos judiciales pendientes en Honduras.
Tras la información difundida, sobre que el excanciller, diferentes exfuncionarios del anterior gobierno y otros hondureños habrían obtenido su nacionalidad nicaragüense, Rosales dijo a través de Radio Cadena Voces que no vive en el país en mención y que actualmente labora en el extranjero.
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“No vivo en Nicaragua y no tengo pendiente procesos judiciales de ningún tipo en Honduras, actualmente trabajo en Estados Unidos«, manifestó.
Según los expertos, estos funcionarios estarían buscando la nacionalidad del país en mención, para evitar enfrentarse a procesos de extradición.
El artículo 43 de la Constitución de Nicaragua establece que, los nacionales nicaragüenses no estarán sujetos a procesos de extradición.
De igual manera, los analistas indicaron que la naturalización puede ser revocada en cualquier momento.
43 hondureños con nacionalidad nicaragüense
Por otra parte, HRN aseguró que el número de hondureños que solicitaron una nueva nacionalidad nicaragüense ronda entre los 43.
Asimismo, se reveló que el nombre de los hondureños a los que les aprueben la petición se irán mencionando en las ediciones del periódico La Gaceta de Nicaragua, en la sección de nacionalizados.
De igual manera, oficialmente el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz y el secretario privado de Juan Orlando Hernández, Ricardo Cardona, recibieron la ciudadanía nicaragüense.
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La publicación del Diario La Gaceta de Nicaragua confirma que «se otorga la nacionalidad nicaragüense al ciudadano Ebal Jair Díaz Lupian, originario de la República de Honduras (…) gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden».
Lista de delitos de Ebal
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el pasado mes de marzo de 2022, presentó un informe en el que detalló un caso de desvío de fondos, por parte de Ebal Díaz.
De acuerdo con el informe del CNA, el supuesto acto de corrupción conocido como «Casas Contenedores», estaba valorado en 69 millones de lempiras. Las 301 casas contenedores se adquirieron para albergar a personas afectadas por las tormentas Eta e Iota.
Sin embargo, la investigación detalló que las viviendas no estaban ocupadas en su totalidad y que hacían falta 15, aunque ya estaban todas pagadas. Para lo anterior, el Instituto de la Propiedad indicó que Ebal desvió millones de lempiras, confirmando el hecho.
Por su parte, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), infirmó que en los primeros meses de este gobierno, encontraron varios hechos fraudulentos, entre ellos que Díaz intervino la institución para ponerla a su disposición.
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