TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los amotinamientos y masacres a lo interno de los centros penales demuestran que los militares no están en la capacidad de administrarlos y son reflejo de la impunidad en el país.
Así lo describe el sociólogo hondureño Eugenio Sosa, quien al mismo tiempo señaló a TIEMPO Digital que este tipo de conflictos se han venido presentado desde años. Además, destaca que las cárceles de máxima seguridad en Honduras son una «farsa».
Sosa divide en dos puntos el problema que enfrentan los centros penales, el primero es que son los militares que están a cargo de ellos y el segundo es decir que son de máxima seguridad, cuando en realidad no lo son.
Ayer, jueves, se reportó un amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad, «La Tolva«, ubicada en Morocelí, El Paraíso. El saldo fueron 3 fallecidos y 43 personas heridas, entre ellos 4 policías penitenciarios.
La asignación a los militares es un error
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) está al mando de los centros penales desde el 2020 y no hay cambio alguno. Su administración, por ley, finalizaría en diciembre de 2021.
En ese sentido, Eugenio Sosa señaló a TIEMPO Digital que el primer punto que hay que señalar es que la asignación de los centros penales a los militares es parte del proceso de militarización en todo el tema de seguridad.
Según el experto, esto es bajo la idea que existe el mito que los militares siempre podrían hacer las cosas bien. Pero, ese aspecto en la práctica ha demostrado que no es cierto.
El segundo elemento que plantea el sociólogo es que esa idea de las cárceles de máxima seguridad o de alta seguridad son una farsa, una mentira, «tal y como lo ha dejado en evidencia este gobierno en varios temas».
De acuerdo a los planteamientos del experto, en Honduras mientras exista la falta de transparencia, rendición de cuentas, combate a la impunidad y a la corrupción, no va a existir ninguna cárcel de máxima seguridad «aunque levanten muros y las amurallen».
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Tráfico de armas
Tras el amotinamiento en «La Tolva» y según los artefactos usados y las heridas de los afectados, quedó en evidencia que al centro penal ingresan armas. Sin embargo, la sociedad cree que por ser de máxima seguridad esto no puede suceder.
En tal sentido, Sosa puntualizó que «la pregunta es sencilla: ¿cómo existe un trafico amplio de armas y de drogas al interior de estas cárceles?». A lo que dijo que la respuesta es más que evidente y es producto de la corrupción de las altas autoridades, del nivel medio y de todos los niveles en los centros penales.
«No pueden negar las altas autoridades y los altos mandos que desconocen ese tipo de acciones (ingreso de armas), porque precisamente para ello se les ha puesto allí, en ese cargo», aseveró el experto.
Además, Sosa aseguró que en verdad este hecho suscitado en «La Tolva» es el reflejo de todo el fracaso de la llamada «política penitenciaria» y el fracaso en general de la política de seguridad del gobierno.
Hechos recurrentes
Eugenio Sosa recordó que este tipo de hechos son recurrentes, habían parado por un tiempo pero luego lo retomaron. «En el gobierno de Ricardo Maduro se suscitaron grandes masacres a lo interno de los centros penales», agregó.
«Y fueron de nivel impresionante como el hecho de El Porvenir, en La Ceiba, donde perecieron al menos 60 personas o el caso de San Pedro Sula donde perdieron la vida como 18 privados», detalló el sociólogo.
De acuerdo al análisis de Sosa, el gobierno hace tiempo viene fracasando en la gestión de la seguridad y en la de los centros penitenciarios y de las cárceles.
Intervención de los centros penales
Luego de lo acontecido en «La Tolva», familiares de los privados de libertad y entes defensores de los Derechos Humanos aseguran que es necesario y urgente una intervención de los centros penales.
Sobre ello, el sociólogo puntualizó que «el problema es que tener una estrella o varias, como la de los militares, no los faculta para ser capaces de poder solventar el problema»
Eugenio Sosa aseguró que en el país hay personas que realmente conocen del tema de seguridad. «Debería ser una junta integral que vea el tema de la seguridad, que sepa de maras y pandillas, de Derechos Humanos y del manejo de poblaciones privadas de libertad», consideró.
El error de mezclar estructuras criminales
Sosa indicó que según algunos defensores de derechos humanos, han cometido el grave error de colocar enemigos cercanos (Pandilla 18 y MS-13) en los mismos pabellones o casi en las mismas celdas.
«Son errores que cualquier persona con sentido común sabe que eso no se debe de hacer. Entonces allí viene la pregunta: ¿Son errores o son niveles de complicidad y responsabilidad?», cuestionó el sociólogo.
Por último, el experto concluyó que el problema es que todas estas masacres y motines penitenciarios nadie paga las consecuencias, solo las personas que mueren y sus familiares. Pero, de allí queda en la total impunidad, ese el problema del país.
«La impunidad no baja, en todos los casos sigue siendo altísima, casi del 90 %», finalizó.
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