Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras aprobó la prolongación por 45 días más de las medidas del estado de excepción para enfrentar la violencia criminal y la extorsión en el país. Muchos se preguntan si esta medida funcionará realmente, o si simplemente se trata de una medida paliativa para la inseguridad que vive el país.
El estado de excepción entró en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022 y ahora se extenderá hasta el 6 de abril del presente año.
La ampliación del estado de excepción, se extiende, en esta ocasión, a 123 de los 298 municipios del país, informó ayer martes una fuente oficial.
Esta segunda prórroga se aprobó la noche del lunes en Consejo de Ministros y se extendió de 75 a 123 municipios del país, indicó la Policía Nacional de Honduras.
Con la nueva ampliación quedarán suspendidas hasta el próximo 6 de abril las garantías constituciones en 235 de los 298 municipios de Honduras.
En un inicio la medida se implementó en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula. Sin embargo, para este segundo período, todo el municipio del Distrito Central y de San Pedro Sula permanecerán en estado de excepción.
Las autoridades recordaron que el estado de excepción establece la suspensión de garantías constitucionales que emanan de los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República.
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Estrategia completa
De acuerdo al sociólogo Pablo Carías, toda acción que contribuya a reducir los índices de violencia en el país es bienvenida.
No obstante, señaló que las autoridades saben que una estrategia de combate a la delincuencia debe acompañarse por otras acciones que tienen que ver con:
- Una clara modificación en el sistema carcelario del país
- Mejora de la normativa que investiga y castiga los delitos
- Y una policía que supere en número y calidad a la que se tiene actualmente.
De igual forma, indicó que se necesitan recursos técnicos como disponibilidad de transporte, uso de tecnología como cámaras de vigilancia. Además, se deben fortalecer acciones preventivas en educación y empleo.
«Tiene que ser una estrategia completa. Pensar que se va a iniciar con el combate a la criminalidad cuando se tenga todo, eso tampoco es lo correcto. Pero, por lo limitado de nuestra capacidad como Estado podría irse implementando en el tiempo, es decir, elaborar una calendarización en la cual se irán implementando una serie de acciones a fin de que al finalizar un determinado periodo se cuente con toda esa estrategia», explicó.
Según el experto, de otra manera que no sea con una estrategia completa no se van a tener los resultados deseados en términos de reducir drásticamente la actividad delictiva en todas sus manifestaciones.
«Una estrategia de seguridad no solo debe incluir un solo delito sino que todos. Hay un énfasis en combatir la extorsión pero también está el tema de los homicidios, feminicidios, asaltos y entre otros delitos que generan inseguridad en la población hondureña», aseveró.
Gradual y progresiva
En ese sentido, acentuó que no se puede hablar, por ahora, de una estrategia de combate a la actividad delictiva completa si no se cuenta con todo los recursos y no se dispone de una candelarización que establezca las acciones de manera gradual y progresiva.
Respecto a por qué ahora el estado de excepción se amplió en barrios y colonias que la policía consideraba seguros, el sociólogo aseguró que la actividad delictiva migra.
«En la medida que hayan barrios donde la policía centra su atención, obviamente los delincuentes se trasladan no solo a otros barrios y colonias sino que también a otras ciudades. Incluso se trasladan de la zona urbana a la rural. La estrategia de seguridad de un principio debe incluir todo el territorio nacional con enfoque en aquellos lugar donde hay más incidencia. La delincuencia se trasladó de barrios que la policía consideraba seguros y que la atención ahí era limitada y reducida», expuso.
Dentro de ese orden de ideas, el entrevistado puntualizó que la estrategia de seguridad debe ser dinámica y cambiante porque la actividad delictiva tiene como espacio todo el país.
«Todas las acciones que la policía emprende son disuasivas y en la medida que no terminen en espectáculo o show están bien. Los operativos deben ser permanentes porque así se siente más segura la población. La actividad delictiva tiene un proceso de desarrollo, crecimiento y expansión», reafirmó.
Factores de violencia
Sobre los problemas que incrementan la violencia en el país, el entendido en el tema explicó que Hondura actualmente tiene cientos de problemas, entre los que mencionó los empleos de baja remuneración, sistema educativo colapsado y jóvenes que no estudian ni trabajan.
«En Honduras todo está faltando. Parecería que todo esto fuera una dinámica porque cada vez se acrecienta más. Se hablaba de un nivel de pobreza que cubría el 63%; hoy las estadísticas nos dicen que anda en un 74%. Todo eso es un caldo de cultivo para generar la violencia. También el aumentó en el consumo de drogas. Muchos crecimos viendo como actividad tóxica el consumo de alcohol. Sin embargo, ahora el cruce del alcohol con otras drogas que trastornan la mente de las personas es lo mejor. Eso genera violencia espantosa«, finalizó.
Migración de líderes criminales
El comisionado Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Policía Nacional, explicó que existe una migración de líderes criminales de barrios a zonas residenciales, hecho que alentó a la Policía a ampliar el estado de excepción en todas las colonias de Distrito Central y San Pedro Sula.
«Sabemos que Miembros de la Pandilla 18 están ubicados en diferentes barrios y colonias, pero los líderes o jefes de la Mara Salvatrucha siempre han vivido en las residenciales y tienen casas de un alto valor económico; por lo tanto era necesario e indispensable que el estado de excepción parcial involucrara más municipios y que también fueran todos los sectores del Distrito Central y San Pedro Sula», expuso el portavoz policial.
Factores en contra
Madrid dijo que lamentablemente tienen algunos factores que están en contra de la intención de mejorar la seguridad en el país. Entre ellos mencionó:
- La falta de cámaras de videovigilancia del 911
- El actual Código Penal y sus reformas que benefician a los delincuentes
- El pobre tejido de la sociedad hondureña.
«Muchos críticos y analistas creen que el estado de excepción parcial también debería regirse como el de El Salvador, pero eso no debe ser así debido a que el éxito de esa herramienta legal debe medirse con el número de vidas salvadas y no con el número de armas decomisadas, droga incautada o detenidos que se remiten al Ministerio Público», señaló el vocero policial.
En ese sentido, cuestionó que muchas personas comparen el estado de excepción parcial de Honduras con el de El Salvador, pues los métodos utilizados son totalmente diferentes.
«En El Salvador se han suspendido muchas garantías constitucionales, como por ejemplo la garantía a ser notificado por qué se le detiene a la persona. Por otra parte, en Honduras si se detiene a una persona se le notifica inmediatamente; en El Salvador debe esperar hasta seis meses. Otra diferencia es que aquí se le da inmediatamente el derecho a la defensa al detenido, mientras que en El Salvador se esperan seis meses o se pone en libertad. En El Salvador los detenidos pueden estar seis meses en investigación y en Honduras en vez de seis meses solo son seis horas», contextualizó Madrid.
Responsabilidad compartida
Agregó que los logros del estado de excepción parcial se pueden ver de forma gradual y que la responsabilidad en el éxito de esta medida no solo recae en la Policía Nacional sino también en las siguientes entidades:
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Fundaciones varias
- Instituciones de prevención del alcoholismo y drogadicción.
Así mismo, la Policía reconoce el respaldo de la Cámaras de industrias, institutos de desarrollo comunitario.
«Toda la sociedad tienen un grado de responsabilidad. Lamentablemente no todos están a favor de un estado de excepción parcial como una política en materia de seguridad que está teniendo logros significativos y graduales. No como los tuvo El Salvador, porque a diferencia de ese país no tenemos violaciones de derechos humanos», aseveró el comisionado de la Policía Nacional.
