Tegucigalpa, Honduras. El titular de Aduanas de Honduras, Fausto Calix, afirmó que ahora el Estado se encargará de administrar el dispositivo de seguridad aduanero «Marchamo» o precinto aduanero.
Según Cálix, la venta y distribución del Marchamo y otros formularios aduaneros han ido a «parar a las arcas del Cohep» desde 1998 hasta el 2022, historial que cataloga como un abuso.
«Ese dinero lo han amarrado a través de diferentes decretos ejecutivos y finalmente, en el 2018, a través de un decreto legislativo y desde 1998 al 2022, al Cohep se le ha dado la cantidad de 443 millones de lempiras«, manifestó Cálix.
Lea también: Aduanas ha recaudado más de L7,500 millones en lo que va de 2023
A su vez, describió como perverso el hecho de que el Cohep venda números electrónicos. «Cuatro de los cinco formularios ya están automatizados en nuestro sistema de rentas aduaneras (…) y aún así, lo que vende el Cohep es humo. Lo que vende es un número electrónico», agregó.
Marchamo
Este dispositivo (sello) le sirve a la aduana para controlar la seguridad de las mercancías, evidenciando si están reconocidas o despachadas.
Según Cálix, este permiso o «Marchamo», tiene un valor de 700 lempiras, de los cuales 200 van para el Cohep. Asimismo, detalló que en el caso de otros formularios de permisos de entrada y salida temporal de vehículos que tienen un costo de 135 lempiras, «35 van para el Cohep«.
De igual manera, mencionó que del permiso de embarcación que tiene un costo de 35 lempiras, 10 están destinados al Cohep. Y así sucesivamente, trajo a mención otros ejemplos en los que deja entrever que la entidad recibe una parte de cada pago de permisos.
En ese sentido, remarcó que el Estado de Honduras ha financiado por años a la empresa privada, pero que con las reformas a la Ley Tributaria habrá nuevos cambios.
«En la Ley de Justicia Tributaria se establece que todos estos formularios aduaneros y este sello de seguridad pasen a nombre del Estado y va a ser administrado por la organización aduanera de Honduras», dijo Cálix.
Finalmente, comentó que aunque le incomode a la empresa privada, las cosas cambiarán. «No podemos continuar con esos abusos y esas injusticias tributarias«, puntualizó.
