TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Marco Eliud Girón, aseguró este día lo difícil que es realizar una reducción en el costo de la energía eléctrica debido al alto endeudamiento que sufre el país.
En ese sentido, el diputado se refirió a la aprobación de contratos por el Congreso Nacional a la ENEE, caso que significaría mayor endeudamiento para Honduras.
«Lastimosamente, esto significa mayor endeudamiento para el país. Son 360 millones de dólares que vienen del JuanOrlandismo, pero que este gobierno ratificó con votos de Libre y el Partido Nacional. Estos porque ellos forman parte interesada en este paquete de prestamos», dijo Girón.
Del mismo modo, agregó que la mayoría de estos préstamos no son utilizados para construcción o para ruralizar el fluido eléctrico. «La mayoría son consultorías, auditorias y contratos de consultorías».
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«Ahora cuanto vamos a pagar al Banco Interamericano, que lo que le interesa es prestar dinero y que nosotros les paguemos», cuestionó el congresista.
En ese sentido, agregó que hasta ahora «lastimosamente va a seguir aumentando el Kilovatio hora con estas deudas porque hay que pagar estos prestamos, y la única forma de pagarlo es a través de los impuestos y el alto costo de la energía eléctrica«.
Aprobación de contratos
El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles 23 contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la contratación de servicios de consultoría individual y técnica.
También para el suministro de bienes y servicios, auditorías y construcción de proyectos. El monto total del financiamiento es de 360 millones de dólares (8,892 millones de lempiras) contemplados dentro del Presupuesto General de la República.
“Cuando se revisaron hace dos semanas se observó la fecha que vinieron esos contratos. Las fechas de cuando se firmaron y por qué vinieron”, dijo el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
Redondo explicó que algunos de estos contratos ya se ejecutaron y otros están en proceso. También dijo que estaban aprobados desde 2010, pero que se sometieron a votación ahora para «evitar demandas y otros trámites y que incluyan la cláusula de integridad«.