TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tres empresas y un consultor son investigados por la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) debido a que supuestamente maquinaron el desvío de más de seis millones de lempiras en la compra de un sistema informático de la Secretaría de Salud (SESAL).
Según las investigaciones, el desvío de los recursos lo fraguaron dos funcionarios de la SESAL: la exsecretaria Yolany Batres y el consultor Héctor Rolando Ponce.
Las tres empresas que investiga la UNAF del Ministerio Público (MP) son: Sat Media, Telesat y Tecnología Informática y Comunicaciones.
De acuerdo con las pesquisas de los fiscales, las empresas antes referidas y la exsecretaria de Salud, Yolany Batres, más el exadministrador de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado, fragmentaron y sobrevaloraron los contratos.
El «Proyecto de Automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control normativo en salud» no se ejecutó, dicen la Fiscalía. No obstante, «sí se pagaron los recursos», que ascienden a más de L9 millones.
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Desembolsos
Según documentos, en mayo del 2014 hubo un desembolso de L949,500 para la empresa Sat Media por parte de la SESAL. De acuerdo con el contrato, esta empresa acompañaría a Salud en la sesiones del Gobierno, la empresa privada y organismos internacionales para la socialización del software.
La empresa Telesat firmó un contrato que se denominó ‘Programación Service Internos’, con Yolany Batres. De acuerdo con los documentos, ese contrato tuvo un costo de L945,000 el 20 de junio de 2014.
Los documentos refieren que la empresa tenía que hacer una consultoría «elaborando una programación de Web Service Internos para las primeras tres solicitudes de autorización mediante el documento que contenga los requisitos técnicos necesarios para que el contratante pueda contratar un sitio web en el Internet«.
Más contratos
También se firmó un contrato con la empresa Tecnología Informática y Comunicaciones, el cual, ascendió a L948,650 y fue por la contratación de un sitio web en Internet por un año.
Con la misma empresa se firmó un contrato al que se le denominó «Contratación para la programación de procedimientos almacenados en base de datos», con un costo de L800,000. Este contrato se trataba de una consultoría.
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