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martes, diciembre 3, 2024

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San Pedro Sula. En riesgo se encuentra la generación de empleos, hogares e inversiones en el sector de la montaña El Merendón ante la derogación del decreto 334-2013, que reformó el 46-90, por decisión del Congreso Nacional, lo que dispararía las invasiones en la zona.

Durante una asamblea, los habitantes afectados determinaron las acciones a tomar en defensa de su entorno, así como preservar la naturaleza y las zonas de reserva del agua de la montaña, entre otros aspectos.

Un atraso para las comunidades 

«Es un atraso para el desarrollo de la comunidad, no podemos hacer comercio con la tierra porque no es de nadie. Hoy tenemos escrituras públicas, podemos manejar el desarrollo de la comunidad», expresó Julio César Velásquez, vecino de Cofradía.

Indicó que con el decreto 334-2013, el desarrollo del sector ha sido más impresionante, pero con «el decreto 46-90 retrocedemos y atrasan. Implica que no tengamos inversión social, y que la municipalidad y el gobierno central no puedan invertir porque no hay respaldo como una escritura pública».

Juan Ramón Barahona, poblador de Cofradía, añadió que la aprobación de la modificación del decreto 46-90 es un retroceso bárbaro «al que nos lleva a nuestras comunidades».

El decreto 334-2013 llevó progreso y desarrollo a todos los sectores que convergen en El Merendón, por ejemplo: áreas de inversiones, infraestructura, generación de empleo, salud, educación y turismo.

«Nos perjudica mucho, porque quedamos afuera de los proyectos de infraestructura. Nos quita el desarrollo comunal y la posibilidad de adquirir préstamos bancarios para nuestras propiedades», remarcó.

Asamblea Cofradía
Los pobladores de El Merendón se declararon en alerta ante la desocupación y expropiación de terrenos.

¡No es buena señal!

Entre tanto, el presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (ASUPROVIH), Juan Ariel Santos, afirmó que no es una buena señal cambiar las reglas para los inversionistas en Honduras y San Pedro Sula.

«Se realizaron inversiones millonarias en estos 10 años en colonias que se encuentran en las cercanías de El Merendón y hasta en Cofradía», puntualizó Santos.

El decreto 334-2013, que estuvo en vigencia por más de 10 años, permitió a la Municipalidad de San Pedro Sula realizar un sinnúmero de obras de desarrollo comunitario y de infraestructura, mientras que con la modificación al decreto 46-90 y a la cuota 200, lo anterior quedará paralizado en perjuicio de miles de pobladores que habitan en las colonias colindantes con la montaña.

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Se fomentan invasiones 

El alcalde Roberto Contreras también precisó que la derogación del decreto representa un grave problema porque se fomenta la economía informal, invasiones, depredaciones y deforestación del bosque.

«A través de las invasiones se desincentiva lo que es en sí las inversiones de las lotificadoras. Muchas de ellas van a tener problemas serios, porque a las personas que ya se les vendieron los terrenos, reclamarán la devolución de su dinero. El cambio traerá un efecto negativo a la inversión de los desarrolladores», apuntó.

Hasta el momento, Contreras no ha sostenido ninguna reunión con los representantes del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el gobierno central o Congreso Nacional para abordar el tema.

«Nosotros hicimos una llamada a las autoridades del ICF y también al proyectista de esta ley de modificar el decreto. Hasta ahorita no ha venido ninguna comisión del gobierno a explicarnos. Tendríamos que cambiar el plan maestro, las zonificaciones, todo depende de como el decreto sea interpretado», acotó.

Dato

Unas 220,000 familias que residen en Cofradía, El Zapotal, Las delicias, El Retiro, Lempira, Las Brisas, Casa Quemada, El Córbano, La Flecha, Armenta, Mario Claros, Bella Vista y San Jorge están preocupadas ante la desocupación y expropiación de tierras.

Peligran más de 4,000 empleos directos e igual cantidad de indirectos por las nuevas medidas del Congreso Nacional. A esos números se le suman unos 20 proyectos de infraestructura paralizados, poniendo en peligro la seguridad jurídica y los beneficios para la población.

La Municipalidad de San Pedro Sula, además, dejaría de construir obras comunitarias en las comunidades de El Merendón.

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