TEGUCIGALPA, HONDURA. Para ser testigos durante el juicio que se le sigue a los exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn y Alex Moraes, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCOOP) citará a un grupo de empleados de la institución.
El juicio que se le sigue tanto a Bográn como a Moraes es por el caso de la compra de los siete hospitales móviles que se adquirieron para atender la pandemia del COVID-19.
Sobre los empleados que serán citados se conoció que son del Departamento de Adquisiciones de INVEST-H. De acuerdo con las indagaciones, ellos advirtieron a Bográn y Moraes sobre el peligro de concretar la compra de los siete módulos hospitalarios.
Según lo informado, los testigos declararán lo que en un principio informaron a los altos funcionarios de INVEST-H.
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Argumentos de advertencia
La advertencia de los empleados de Adquisiciones se sustentó en que no se tenía información amplia sobre el proveedor, Áxel López. Además, señalaron que eso representaba un gran riesgo debido a los montos.
Ellos declararán que, a pesar de las advertencias, la gerencia que encabezaba Bográn, no hizo caso y realizó la compra. Las investigaciones apuntan que el exgerente de INVEST-H les llamó la atención a los empleados por tanta pregunta.
Señalan que ellos hicieron preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Áxel López.
El Estado de Honduras, a través de INVEST-H, pagó a Elmed Medical Systems 1,174 millones de lempiras. De acuerdo con el contrato entre la institución hondureña y la cuestionada empresa, los hospitales estarían funcionando en julio del 2020.
Según la orden de compra, se iba a instalar tres hospitales con capacidad de 91 camas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en Choluteca. Mientras que, para Danlí, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Juticalpa se adquirieron módulos de 51 camas.
Proceso
Además de no escuchar las advertencias, el Ministerio Público (MP) señala que Bográn y Moraes adquirieron los hospitales al margen de la ley. Indican que la compra se hizo sin garantías de calidad, de cumplimiento, ni mantenimiento de oferta y sin un plazo fijo de instalación.
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