TEGUICIGALPA, HONDURAS. Las autoridades judiciales dictaron una orden de captura en contra de la representante legal de la empresa INRIMAR, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, por el caso denominado «Narcopolítica II«.
Luego de no asistir a la audiencia de declaración de imputado, emitieron esta medida también en contra de su hermana y representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO), Irza Fané Pacheco Murillo.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó este caso ante las autoridades judiciales correspondientes. El día de ayer, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la exasistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, Iris María Sarmiento Ferreira, primera imputada.
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Los otros implicados son: el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete y el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga. Este último, mantiene un proceso en Estados Unidos por narcotráfico.
Libran nuevas órdenes de captura en el caso Narcopolítica II https://t.co/w5IfgbaG8T pic.twitter.com/vtXxzKLomA
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 16, 2023
Primera fase
Durante la primera fase, se presentó una acusación a 12 personas. Los acusadores señalaron que los implicados forman parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas internacional. Eso sucedió a través de obras contratadas con el Estado hondureño.
En ese proceso, las autoridades procesaron al exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Miguel Rodrigo Pastor, por suponerle responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos. Del mismo modo, a los exfuncionarios Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda por 21 delitos de fraude, Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa por 10 delitos de fraude y Lucas Jetsell Velásquez por un delito de fraude.
Entre los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
Narcopolítica I
Las imputaciones se refieren al otorgamiento de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro. En este sentido, se comprobó que se les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55). Ahora se registraron otros 10 contratos por más de 50 millones de lempiras (L.50,786,654.12).
Los contratos se adjudicaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado. Eso ocurrió durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Para la concesión de unos contratos se fraccionaron las obras y en otros se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical.
