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jueves, noviembre 21, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron esta mañana las oficinas de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), ubicadas en Tegucigalpa.

La intervención también ocurre en las oficinas de la Secretaría de Salud y en Finanzas. Se da tras las supuestas irregularidades cometidas en las compras de INVEST-H y otras instituciones durante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio Público (MP), la ATIC en coordinación con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), trabaja tres líneas de investigación.

Estas indagaciones son en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía y la adquisición de equipo de protección personal. Así como de ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 y la contratación de consultorías y otros servicios.

Asimismo el escrito señala que equipos de fiscales y de agentes desarrollan secuestros de documentos en los tres entes del Estado. La ministra de Salud, Alba Flores, recibió en su despacho el citatorio para declarar.

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Investigan compra de pruebas rápidas por parte de INVEST-H 

De igual forma, la FETCCOP y la ATIC desde el pasado 4 de abril mantienen activas tres líneas de investigación en las oficinas en Tegucigalpa de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

Lo anterior, ante denuncia pública de supuestas irregularidades en las compras hechas por la crisis sanitaria del COVID-19. También, en la Secretaría de Salud Pública se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad.

A esto se le suman, tres líneas de investigación que desde el pasado 1 de mayo ocupan la atención de la FETCCOP y la ATIC de la Regional de San Pedro Sula; en relación a la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, las donaciones del programa Honduras Solidaria a la Alcaldía de El Progreso.

Además de la compra de pruebas rápidas por parte de INVEST-H en la zona norte del país.

Mientras que en La Ceiba, fiscales anticorrupción investigan desde el pasado 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio. Esta fue por el supuesto mal uso de una donación de Corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 en el Hospital General Atlántida.

Sépalo

«Se reitera que aún cuando existe una Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos de octubre de 2019 (Decreto legislativo No. 116-2019), en donde se establece que antes de una investigación debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público consideró oportuno adelantar el proceso investigativo», reza el comunicado.

Por lo tanto, quedando a la espera que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de inconstitucionalidad que desde octubre del 2019 se presentó por la Fiscalía para la Defensa de la Constitución en contra de la polémica ley.

La cual piden declararla inconstitucional, por considerar, entre otros aspectos, que violenta preceptos constitucionales al exceder su alcance y temporalidad a la validez del decreto que la contiene.

Además de remplazar la facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar y se la otorga al TSC; lo cual frena, de esta manera, atribuciones investigativas y avances en la lucha contra la corrupción.


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