EL SALVADOR. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró en una entrevista que las autoridades salvadoreñas investigarán a periodistas. Será para aquellos comunicadores que tengan como «medio de información» a pandilleros, manteniendo «relaciones o vínculos» con estos grupos, catalogados como terroristas por la ley.
Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.
Villatoro fue consultado sobre las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Ya que él mostró preocupación sobre la reforma al Código Penal que castiga con cárcel la transmisión de mensajes originados por pandillas. A criterio del diplomático, «criminaliza la cobertura periodística sobre las actividades de pandillas».
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«Nosotros somos un estado soberano, tenemos un problema que, dicho sea de paso, fue importado de un país y que tenemos que resolver. Como gobierno y como Estado tenemos que tomar las decisiones para poder enfrentar este fenómeno«, indicó Villatoro.
Además, dijo que no se trata de «censurar». Explicó que si los periodistas viven de «comunicarse y llevar información de un lado a otro de pandilleros«, entonces sí deberían preocuparse.
El titular de Seguridad dijo que la prioridad del Gobierno es mantener las capturas de pandilleros en todo el país.
Añadió que luego iniciarán investigaciones en contra de «todos aquellos que tenían como medio de información tener estas relaciones o vínculos con estos grupos terroristas».
Villatoro justificó esta decisión del Gobierno diciendo que «en ningún país en guerra usted va a promover la publicidad del bando contrario».
El Salvador aprueba pena
El Congreso de El Salvador aprobó, por petición del presidente Nayib Bukele, una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
La reforma aplica a quienes «reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general». Señala el texto, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión.
Asimismo va dirigida contra aquellos que «marquen» sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedentrar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
«Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas», justificó Bukele en su cuenta de Twitter.
La reforma penal, aprobada con 63 votos de diputados aliados al gobernante de 84 del Congreso unicameral, llega después de que El Salvador registrase 87 homicidios del 25 al 27 de marzo.
El gobierno atribuye lo ocurrido a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 que, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador.
Desde entonces, rige en el país centroamericano un estado de excepción para enfrentar una ola de violencia generada por las pandillas.
La diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, Marcela Pineda, señaló que la aprobación de la reforma busca «no coartar la libertad de expresión», sino obligar a «ser responsables en los mensajes que se difunden a la población».
Reforma «mordaza»
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió acto seguido un comunicado expresando su «preocupación» ante un «claro intento de censura».
La reforma «mordaza», como la calificó la APES, «amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración» de Bukele «se busca esconder».
Se trata de una «nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico», agregó el texto.
Poco después de la aprobación del Congreso, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, escribió en Twitter que «los límites a la libertad de expresión no pueden depender de la ansiedad política de una situación».
«En una crisis los estándares de DDHH son mucho más exigentes», dijo, sin mencionar explícitamente la recién divulgada medida.
La reforma se suma a una serie de cambios al código penal salvadoreño aprobados por el Congreso, bajo control del oficialismo, para hacer frente a las bandas delictivas, consideradas «terroristas».
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