TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los congresistas de Estados Unidos aprobaron el decreto FY2023 mediante el cual se le brinda ayuda económica a los países centroamericanos, pero se restringió el 60 % de los fondos, asegurando que solo los otorgará cuando esas naciones demuestren pruebas de avances en la lucha contra la corrupción.
En ese sentido, existe una clara desconfianza de las autoridades estadounidenses hacia los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Según se dejó entrever, no confían en que las tres naciones, que conforman el Triángulo Norte, utilicen de manera adecuada los fondos.
De acuerdo con la información de Infobae, el pasado viernes, 1 de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó el FY2023. Con la aprobación se estarían enviando cerca de mil millones de dólares para Centroamérica, destinados a programas de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin embargo, el 60 % de los fondos no serán destinados, a menos que demuestren avances en el combate a la corrupción. También deben avalar con pruebas, la transparencia, la protección a la sociedad civil, la reducción de violencia contra mujeres y niñas, mejoras en los derechos reproductivos de las mujeres, reducción de la pobreza, el combate a la migración irregular.
Los países del Triángulo Norte deben presentar un informe al Congreso estadounidense que certifique las condiciones exigidas. De lo contrario, no podrán gozar de la ayuda financiera que otorga el Gobierno.
Asimismo, se ordenó a la Corporación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) a informar 60 días después de la entrada en vigor del FY203. También, que detalle los «mecanismos para salvaguardar la asistencia económica de influencias corruptas».
Países que no cumplen con las condiciones de EE.UU
Por otro lado, se informó que países como Guatemala y El Salvador contradicen las condiciones puestas por el Congreso estadounidense.
Una de las condiciones establece, por ejemplo, que los tres países deben demostrar que han emprendido investigaciones criminales y procesos judiciales contra funcionarios que han sido señalados de corrupción.
Esa condición la desobedece Guatemala, puesto que el Ministerio Público acaba de desistir de la persecución penal a Blanca Stalling, quien es una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia que fue separada de su cargo por supuestas irregularidades.
Otra de las condiciones, es que los países reduzcan el rol de sus fuerzas armadas en labores de seguridad pública. No es el caso en El Salvador, donde el gobierno de Bukele, a través de un parlamento que controla, mantiene desde marzo pasado un régimen de excepción que ha limitado los derechos constitucionales de miles de salvadoreños arrestados. El ejército ha estado desplegado en el territorio durante el régimen de excepción.
También, en Guatemala, el ejército participa en labores de seguridad pública, sobre todo en territorios habitados por comunidades mayas.
Por ahora, Estados Unidos mantiene congelada la ayuda militar a los tres países del Triángulo Norte. El FY2023 reiteró la disposición por cuarto año consecutivo en los casos de Guatemala y Honduras, y por tercera ocasión para El Salvador.
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«Creemos que hay corrupción»
Por su parte, un asistente legislativo, tras ser consultado por Infobae, manifestó que, en efecto, hay un mensaje político ya que creen que existe corrupción.
«Sí, creemos que hay corrupción y autoritarismo. Mucho. Y seguiremos pidiendo cuentas. Este dinero es de los estadounidenses y hay que garantizar que se use bien», confesó.
El texto del FY2023 confirmaría lo dicho por el asistente, que pidió mantenerse en anonimato. “El comité enfatiza que mejorar el Estado de derecho y combatir la corrupción deben ser prioridades de los Estados Unidos en El Salvador, Guatemala y Honduras para ayudar a enfrentar la causas que generan la migración y asegurar la rendición de cuentas sobre la ayuda estadounidense”, expone el documento.
Norma Torres, congresista demócrata de la Cámara Baja, manifestó que las condiciones forman parte de las prioridades que tiene Estados Unidos. “Promover la democracia, combatir la corrupción y estabilizar a los gobiernos de Centroamérica son prioridades de la política exterior de Estados Unidos”, expuso.
Agregó que los condicionantes “ayudarán a abordar la anarquía y la impunidad de los líderes autoritarios, prevenir la violencia contra las mujeres y promover los derechos humanos”.
Buscan frenar persecución a periodistas y defensores
El FY2023 también incluye un fondo de 65 millones de dólares para “apoyar actividades en Centroamérica para combatir el crimen, la corrupción y la impunidad; proteger los derechos humanos y pedir rendición de cuentas a los gobiernos”.
Además del tema de corrupción, hay otro mensaje acerca de la preocupación por la persecución a defensores de derechos humanos y periodistas en la región.
Por esa razón, el comité de asignaciones destinó 40 millones de dólares a programas que ayuden a defender a quienes contribuyan a la libertad de expresión y a fortalecer a medios independientes. Los legisladores plantean que parte del dinero sirva para “proteger a periodistas y medios independientes que están bajo amenaza en estos países centroamericanos”.
En el caso de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado que al menos media docena de periodistas están exiliados en Estados Unidos, México y Alemania.
En Guatemala, el Ministerio Público de la fiscal Porras ha anunciado persecuciones penales contra al menos dos periodistas críticos. También, mantiene activo un proceso penal contra el periodista Maya Q’eqchi’, quien denunció la muerte de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil.
Una advertencia a Honduras
En el FY2023 también señala un mensaje político que Washington ha enviado a la región desde que Xiomara Castro ganó las elecciones presidenciales en Honduras a finales del año pasado.
El mensaje trata sobre que Estados Unidos aún da el beneficio de la duda a un gobierno que llegó con credenciales de izquierda cercana a Venezuela.
Uno de los principales guiños a Honduras es la disposición mostrada por el Congreso a financiar una comisión internacional de investigación de casos complejos de corrupción e impunidad.
El texto recordó que, a inicios de febrero, Xiomara envió una carta a la Organización de Naciones Unidas en la que solicita apoyo político y financiero para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Tras la petición a la ONU, Washington, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, expresó a Castro el apoyo con la CICIH.
Ahora, en el FY2023, el congreso estadounidense incluyó el apoyo a la comisión: “El comité recomienda incluir fondos de apoyo a mecanismos anticorrupción, incluidos mecanismos que sean liderados por Naciones Unidas”, establece.
El gobierno de Castro, según un diplomático estadounidense en Washington que ha participado en discusiones sobre la CICIH, esperaba algo más concreto. Infobae señala que hubo discusiones por dejar establecido en el FY2023 una asignación de entre 10 y 15 millones de dólares.
Sin embargo, tanto la ONU como el gobierno de Biden han puesto condiciones de forma extraoficial al gobierno de Castro. Estas condiciones pasan por revisar una amnistía decretada por el Congreso hondureño.
Piden magistrados íntegros para la CSJ
Asimismo, en las condiciones establecen elegir magistrados honestos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Así como preocupaciones por que se aprueben reformas legales que hagan viable el trabajo de la Comisión.
El FY2023 recoge esos temores: “Antes de proveer el apoyo, el secretario de Estado debe asegurarse de que la comisión tenga suficiente autoridad, autonomía y el mandato legal que le permita llevar adelante investigaciones independientes y apoyar persecuciones penales contra actores corruptos”.
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