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viernes, noviembre 22, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Si la Junta Interventora de la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) está encubriendo las anomalías presentadas en los hospitales móviles estaría cometiendo un gran error, según el exfiscal Edmundo Orellana.

El abogado habló con una radio local y se refirió al informe que esa directiva envió -luego de que fuera pedido al menos cinco veces– a la Procuraduría General de la República (PGR).

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Versiones contrarias

En ese documento, INVEST-H comunicó que «no hay discrepancias» entre lo que se contrató y lo que finalmente se recibió en torno a los hospitales móviles, tanto en equipo médico como las estructuras.

Empero, Orellana hizo hincapié en que ese escrito por parte de INVEST-H difiere con los hallazgos descritos en el informe que emitió el Tribunal Superior de Cuentas (TSC); también, con las múltiples denuncias que ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Orellana: La Junta caería en irregularidad

En virtud de la desigualidad de criterios, el abogado advirtió que la Junta Interventora está en riesgo de caer en la ilegalidad y explicó por qué.

«Me parece que en relación a ese tema, la Junta Interventora podría estar incurriendo en una irregularidad; eso, porque si está distorsionando los hechos, la cuestión es gravísima porque lo está haciendo en un documento público», expresó.

En ese sentido, mediante su vasta experiencia, describió que todo documento que cuente con firmas de funcionarios públicos es considerado como un escrito público.

Además, externó su opinón de que los hospitales no venían con las especificaciones necesarias; acotó que es de «notorio conocimiento» que hubo necesidad de invertir adicionalmente para que funcionaran de forma adecuada.

«No venían completos para que fuesen funcionales de inmediato. Hubo mucho tiempo entre el desmontaje e instalación de esos módulos como para no saber que ahí tuvo que haber obras accesorias para que pudieran funcionar», detalló.

Por lo que, apuntó que la comisión que ahora dirige a la unidad de gestión debió buscar asesoría legal antes de mandar el informe. Seguido, recalcó que cada miembro podría quedar emproblemado si se ratifican las irregularidades que envuelven el lío de los hospitales.

Fiscalía tiene sustento

Orellana dijo que, dado que el Ministerio Público cuenta con la versión del TSC y el CNA, puede avanzar contra lo expuesto por la comisión e igualmente excitar a la PGR para que proceda contra Áxel López.

«No hay necesidad para que la Junta Interventora trate de exonerar (de culpabilidad) al proveedor», concluyó el jurista.


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