TEGUCIGALPA, HONDURAS. La aplicación del Decreto de Amnistía solicitó el vicepresidente del Congreso Nacional (CN) y ex dirigente magisterial, Edgardo Casaña, ante los Juzgados de Ejecución Penal de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Así lo infirmó este lunes la portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, quien dijo que la audiencia de extinción de responsabilidad penal se realizó en los Juzgados de Ejecución de Letras de lo Penal.
«Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa de los sindicados solicitó la aplicación del Decreto 04-2022 que emitió el Congreso Nacional para otorgar la amnistía», detalló Castillo.
Asimismo, la vocera agregó que el juez dará resolución de la solicitud el jueves 16 de junio a las 10:30 a.m. Para finalizar, Castillo indicó que al diputado Edgardo Casaña se le acusa por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
Este caso contra el diputado de Libertad y Refundación (Libre) es similar a la que se sometió el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien ya tenía sentencia firme en su contra.
El diputado Edgardo Casaña se uniría a los ya amnistiados: Marcelo Chimirri, Enrique Flores Lanza, Rodolfo Padilla Sunseri y recientemente César Salgado.
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Antecedente del caso
En diciembre del año pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó al diputado Edgardo Casaña y a otros exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Imprema), por el delito de abuso de autoridad.
En esa ocasión, el Poder Judicial impuso como pena a los imputados la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos.
Entre la lista de condenados sobresalen los nombres de Edgardo Casaña, Alfonso Guillen, César Ramos y Óscar Recarte. Asimismo, se les impuso la pena accesoria, establecida en el artículo 41 de la Constitución de la República, de suspensión de la ciudadanía por seis años, tiempo que durará la pena principal.
Po su parte, al exministro de Educación, Alejandro Ventura, quien era otro de los imputados, se le dictó sobreseimiento definitivo. A él se le extinguió la responsabilidad penal debido a que falleció en septiembre de 2019.
Casaña declaró que «la resolución de la Sala Penal reviste todas las características y condiciones de una sentencia política. Es increíble que la justicia de este país convierta una conquista del magisterio en las calles en el año 2010, en un acto criminal».
Asimismo, el diputado dijo que se encuentra en un estado de indefensión. Además, condenó la manipulación de la Corte Suprema de Justicia para perseguir políticamente a personas que fungieron como dirigentes magisteriales.
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