REDACCIÓN. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró el martes culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa y lo sentenció a ocho años de prisión.
Es preciso explicar, que el ex presidente de Ecuador Rafael Correa fue condenado este martes a ocho años de cárcel. Como autor del delito de cohecho agravado, por el que pierde, además, sus derechos políticos durante 25 años. Según dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
Por tanto, Correa fue condenado junto a otros 19 altos funcionarios y empresarios involucrados en una red de millonarios. Los pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas.
Cabe mencionar, que el juez Iván León leyó la sentencia y dijo que la víctima del delito es el Estado y que la “fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción”.
Correa (2007-2017) vive en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017 luego de traspasar el poder a su amigo y sucesor Lenín Moreno, con quien se distanció poco después en medio de acusaciones mutuas.
Es preciso explicar, que el juiciose desarrolló en tres salas de la mencionado Tribunal en Quito y otra adicional de la Corte provincial de la provincia de Guayas, precisaron fuentes judiciales. Tras instalarse la vista del caso conocido como “Sobornos 2012-2016”, “la sala declaró su competencia e indicó que no existen nulidades que declarar, y procede al análisis del proceso”.
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Imparcialidad de los jueces para Rafael Correa
Como resultado, el ex presidente, que reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, ha calificado “de payasada” el juicio y su defensa ha cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
En consecuencia la etapa de audiencias concluyó el pasado el 6 de marzo, tras 13 días discontinuos de diligencias.
A partir de esa fecha los magistrados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría. Así como los argumentos de la defensa de los 21 acusados.
Es preciso explicar, que en las audiencias a inicios de marzo. La fiscal general, Diana Salazar, acusó al ex mandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente. “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.
Por tanto de la pena máxima de cárcel prescritas en la ley. Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica que ascendería a 1,130 millones de dólares. El valor global de cada uno de los contratos, que se entregaron dentro de esta trama de corrupción.
