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viernes, noviembre 22, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, anunció que va proponer en el Congreso Nacional (CN) un proyecto de ley para la derogación del decreto 107-2021 que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del Estado.

El anuncio de del legislador se la luego de que trascendió que el exfiscal general de la república, Óscar Fernando Chinchilla cobró y recibió el 100% de sus prestaciones.

La legislación hondureña no permitía que los altos funcionarios, entre ellos los cargos de segunda elección como los fiscales general y adjunto, recibieran prestaciones. Esto, porque contaban con beneficios por el desempeñó de sus funciones.

Jari Dixon inhabilitado fiscal MP
Jari Dixon, diputado de Libre, anunció que propondrá la derogatoria del decreto que permite el cobro de prestaciones a altos funcionarios.

Sin embargo, en la administración pasada se dio una reforma y decreto, para que estos funcionarios pudieran gozar de este tipo de beneficios.

Lea además: Dixon: exfiscal Óscar Chinchilla cobro el 100% de sus prestaciones al MP 

A través de su cuenta de X, Dixon mostró las imágenes donde se muestra la solicitud de prestaciones de parte de Chinchilla y como el Ministerio Público (MP) se las concedía.

Tuit de Jari Dixon
Jari Dixon posteó en X la evidencia de que Chinchilla cobró y recibió las prestaciones.

Inconstitucionalidad

En enero del 2022, Jari Dixon junto a Mario Sorto, presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 107-2021, que le daba vida al pago de prestaciones a los altos funcionarios.

El escrito señalaba que la acción de inconstitucionalidad era en cuestión de fondo contra el artículo 129 del decreto 107-2021, porque violenta la justicia y los principios del régimen constitucional financiero y laboral.

El artículo 129 establece que “a los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederá la indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley de Servicio Civil. Este beneficio también aplicará a aquellos servidores públicos que se desempeñen en cargos del servicio excluido”.

Inconstitucionalidad
El diputado Jari Dixon y Mario Sorto interpusieron la inconstitucionalidad al decreto a inicios del 2022.

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