TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, manifestó que como Gobierno no tienen temor a la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
En este sentido, el congresista hondureño indicó que quienes deben preocuparse son los corruptos y narcotraficantes.
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“Aquí los que deben estar temerosos son los corruptos, los narcotraficantes que andan en cosas malas deben estar preocupados, pero nosotros por qué”, aseguró.
De igual manera, Dixon externó que todo lo que sea para favorecer y fortalecer el combate de corrupción es bienvenido al país.
“Creo que todo lo que venga a favorecer el combate a la delincuencia organizada de corrupción o cualquiera de sus manifestaciones, bienvenido sea al país”, detalló.
ONU espera respuesta de Honduras para iniciar diálogo por CICIH
La representante residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, indicó que espera que el Gobierno de Xiomara Castro responda al memorando de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Estamos a la espera del Gobierno y de las decisiones que se tomen alrededor del borrador. Naciones Unidas espera la retroalimentación del Gobierno e iniciar un diálogo para finalizar el borrador”, detalló.
De igual manera, Shackelford aseguró que el Congreso Nacional también tiene la labor de agendar proyectos, como la Ley de Colaboración Eficaz.
“Hay una lista sobre lo que se tiene que trabajar internamente en el Poder Legislativo y eso es una prioridad», indicó.
Asimismo, Shackelford manifestó que el mecanismo debe de tener «dientes» para lograr tener el alcance que espera la población.
«El mecanismo debe tener dientes para llevar a cabo una serie de cosas y lograr cambios”, indicó.
Requerimientos fiscales
Ante esto, el ministro de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, afirmó que están revisando los alcances que tendría la CICIH y uno de ellos es la interposición de los requerimientos fiscales.
“Uno de los puntos que se tendrá que negociar es que el monopolio o la acción pública es del Ministerio Público y cambiar eso conllevaría reformar la Constitución”, expresó Orellana.
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