Tegucigalpa, Honduras. Un juez tras la audiencia inicial le dictó a una exasistente de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), auto de formal procesamiento en torno al caso “Narcopolítica II”.
La imputada responde al nombre de Iris María Sarmiento, acusada de la presunta comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con las autoridades, la imputada fue la asistente del extitular de la gerencia técnica de Soptravi, Elder Jacobo Gómez, quien también está acusado.
El caso Narcopolítica II es una segunda línea judicializada, anteriormente, acusaron a 12 personas señaladas de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas internacional en obras contratadas por el Estado, según acusaciones.
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#JuzgadoPenal en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en resolución de Audiencia Inicial dicta Auto de Formal Procesamiento con medidas cautelares para Iris Sarmiento Ferrera acusada de Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios. pic.twitter.com/UHf6STHeML
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 23, 2023
En la primera fase los encausados fueron el exministro de la extinta Soptravi, Miguel Rodrigo Pastor. A él lo suponen responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos.
Igualmente, fueron acusados los exfuncionarios Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda por 21 delitos de fraude. Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa por 10 delitos de fraude y Lucas Jetsell Velásquez por un delito de fraude.
No obstante, en los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
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Contratos
De acuerdo con las investigaciones, las acusaciones surgen del otorgamiento de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
Los contratos los adjudicaron sin que la empresa Inrimar cumpliera con los requisitos que establece la Ley de Contratación del Estado, durante la gestión de gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa en el periodo 2010-2014.
Las investigaciones señalan que para la concesión de contratos se fraccionaron en obras y decretos de emergencia por una tormenta tropical. En su mayoría no se realizaron (falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado) y las que se efectuaron fueron sobrevaloradas.
Para concluir, las autoridades indicaron que la asignación de contratos era para legitimar a Inrimar, con el fin de lavar el dinero procedente del narcotráfico mediante instituciones estatales.
