Los representantes de las cámaras de comercio de América Central, reunidos en Tegucigalpa para identificar los principales desafíos del empresariado en esta región, coincidieron en que la desigualdad en la aplicación de las reformas estructurales diseñadas a nivel global es el mayor reto.
Esa verdad, conocida de antemano, no tiene forma de ser cambiada en los países del tercer mundo, pues se trata de un imperativo de la forma en que está conformado el poder económico mundial, cuya instrumentación reside, básicamente, en las tres coronas de ese reino, vale decir el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El entrelazamiento de estos tres organismos, que conforma un complejo sistema de control económico y político a nivel mundial, está perfectamente controlado por los estados-nación (países) más poderosos, mediante un entendimiento entre gobiernos, corporaciones transnacionales y figuras políticas relevantes, que, de alguna manera, se sintetiza en el cónclave de Davos.
Probablemente los comerciantes centroamericanos no llegaron en este foro regional de Tegucigalpa a analizar en esa dimensión el problema del desarrollo económico regional, pero sí dejaron la impresión de que no lo desconocen. Las recetas del FMI para nuestros países, que significan la preterición de los pobres y el privilegio de la riqueza transnacional, no dejan lugar a dudas.
De alguna manera resulta patética, entonces, su manifestación en el sentido de que el papel de las cámaras de comercio en la región es intermediar para que las condiciones de vida de los ciudadanos mejoren. Esa intermediación —de suyo un tanto hipócrita— corresponde, en primer lugar, a los gobiernos, en tanto es tarea eminentemente política, pero depende, ya lo hemos dicho, del dictado global.
Sin embargo, siempre debe tenerse en mente el desarrollo humano, que concierne a lo político, económico, social y cultural en conjunto, de lo que se encarga, al menos en la parte doctrinaria la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus entidades específicas, entre ellas la FAO (para la alimentación y la agricultura) y UNICEF (fondo para la infancia).
Según esa doctrina del desarrollo humano no basta el crecimiento económico para garantizar el desarrollo integral de un país, sino que para lograr esto es preciso, además, la ampliación de opciones de tipo social, incluyendo las libertades políticas, la garantía de los derechos humanos, y el aumento del bienestar.
Es evidente que la clave del desarrollo humano en América Central y en cada uno de sus países que la conforman es la integración. Una integración, por supuesto, política, económica, social, étnica y cultural, que ha de construirse mediante el diálogo y la concertación entre los diferentes estamentos nacionales y regionales.
En el contexto de la crisis múltiple enraizada en la región centroamericana, con énfasis en los países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), ese objetivo está muy lejos de conseguirse, sobre todo porque el sistema implantado no permite la transición a la evolución política y social que, de hecho, va dando forma a un nuevo cuerpo político-social en nuestro trópico.
