TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos brindó una cronología del caso de Geovanny Fuentes Ramírez, que ayer fue declarado culpable de tres delitos en una Corte de Nueva York.
Minutos después del veredicto de «culpable», compartieron un documento que presenta la cronología del juicio contra el hondureño. Fuentes, tras escuchar la decisión del jurado, hizo una importante petición al juez Kevin Castel.
“Audrey Strauss, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Geovanny Fuentes Ramírez en los tres cargos de la acusación. Está previsto que Fuentes sea sentenciado por el Honorable P. Kevin Castel el 22 de junio de 2021”, inicia el escrito publicado.
La fiscal federal de Manhattan, Strauss, dijo: “Geovanny Fuentes Ramírez era, hasta su arresto por la DEA hace poco más de un año, un traficante de cocaína despiadado. Además un “poderoso asesino en Honduras”.
Según las autoridades estadounidenses, «Fuentes facilitó el envío de grandes cargas de cocaína sobornando a Juan Orlando Hernández (JOH)».
El escrito afirma que «Hernández ordenó a Fuentes Ramírez que se reportara directamente con el ex congresista hondureño, «Tony» Hernández, el hermano del presidente que se encuentra esperando sentencia en los Estados Unidos».
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El punto de partida
“A partir de 2009 o alrededor de esa fecha, Fuentes Ramírez y otros establecieron y operaron un laboratorio de cocaína en el departamento de Cortés, donde producían cientos de kilogramos de cocaína cada mes”, relata el documento.
Asimismo, trabajó con otros personajes para recibir cargamentos de cocaína producidos y enviados a Honduras por rutas aéreas y marítimas.
“Fuentes brindó seguridad para la instalación y para el transporte de cocaína utilizando trabajadores fuertemente armados y personal policial y militar hondureño”, añade.
El escrito afirma que Fuentes participó en múltiples eventos violentos que tuvieron lugar entre 2011 y 2013. Además detalla que efectuó un asesinato disparando en la cabeza a un miembro de la Policía Nacional, algo que catalogó como “tiros de piedad”.
“En o alrededor de 2013, Fuentes pagó un soborno de al menos aproximadamente $ 25,000 al presidente hondureño Juan Orlando Hernández”, indica el texto.
Además, detalla que JOH dijo a Fuentes que le interesaba su laboratorio por su proximidad con Puerto Cortés. De igual forma el presidente le habría prometido protección por parte de las Fuerzas Armadas.
Según el texto, le prometió la colaboración de Óscar Fernando Chinchilla, el fiscal general de Honduras. Su rol, supuestamente, sería ayudar a proteger las actividades de narcotráfico de Fuentes, mientras se comunicaba directamente con «Tony».
Finalmente, «JOH le dijo a Fuentes quería que la DEA pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico. Pero que en cambio iba a eliminar la extradición y ‘meter drogas en las narices de los gringos‘».
En octubre de 2019, «Tony» Hernández fue condenado por los mismos delitos que Fuentes, así como un cargo adicional por realizar declaraciones falsas a la DEA.
Registro telefónico
La publicación añade que «Fuentes se reunió con JOH luego de dos presentaciones clave en el enjuiciamiento de ‘Tony’ Hernández, como lo demuestran, entre otras cosas, los datos del teléfono de Fuentes. Estos reflejan que buscó dos veces direcciones a la Casa Presidencial de JOH en Tegucigalpa».
La cronología afirma que a «Tony» Hernández lo sentenciará el juez Castel el 30 de marzo de 2021. A FUENTES RAMIREZ, de 51 años, lo encontraron culpable por tres cargos:
(1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una pena de prisión mínima obligatoria de 10 años y una pena máxima de prisión de por vida.
(2) usar y portar ametralladoras durante la conspiración de importación de cocaína y poseer ametralladoras durante la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión obligatoria consecutiva de 30 años.
(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y poseer ametralladoras en apoyo de la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de prisión de por vida.
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