TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Supervisión General del Poder Judicial (PJ) reveló que, durante 2020, recibió un total de 498 denuncias contra empleados judiciales.
El departamento lo informó a través de un informe que detalla que ya culminó el proceso de investigación para 247 de esas reclamaciones; mientras que, el resto todavía está al pendiente.
De la cantidad ya evaluada, el personal encargado determinó que 80 de las acusaciones tenían méritos suficientes para tomar una acción al respecto. Sin embargo, solo 10 expedientes fueron remitidos al Ministerio Público.
Entre tanto, el documento indica que las otras 167 denuncias fueron encontradas «sin mérito».
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Lugares con más y menos incidencias
Los datos sitúan al Distrito Central como el municipio donde más se recibió denuncias, pues hubo un total de 211, representativo de un 42 % del total. San Pedro Sula, por su lado, registró 84, lo que es igual al 17 por ciento.
La Ceiba se ubica en la tercera posición, con 34 reclamos; es decir, ese municipio en el Litoral Atlántico aportó el seis por ciento. Las tres ciudades en mención constituyen precisamente los territorios con más concentración de empleados del PJ.
En la contraparte, hay lugares donde hubo pocas o una nula cantidad de denuncias. Danlí y Valle solo reportaron cinco; en el norte, Puerto Cortés abrió nada más un expediente de acusación. En Lempira no hubo.
La Supervisión General examinó junto a la Jefatura de Personal y la Coordinación de la Presidencia cada uno de los archivos. Ahora, todos serán remitidos a la presidencia de ese poder estatal.
Las estadísticas recabadas por el departamento reflejan que los inspectores hicieron un total de 341 gestiones preventivas, así como 27 vigilancias generales.
Innovación
Anny Belinda Ochoa, titular de la Supervisión General, anunció que crearon un plan de trabajo para 2021 que promete agilizar los procesos disciplinarios.
La abogada aseguró que se estará «garantizando el debido proceso y la defensa de los denunciados con la finalidad de dar respuesta al usuario que considera que se le violentó su proceso judicial«.
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