TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El juez de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional, Claudio Daniel Aguilar, fue denunciado ante la Inspectoría General de Tribunales y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por presuntos vejámenes y violaciones de los derechos humanos, en perjuicio de un grupo de privados de libertad que acudieron a una audiencia a su judicatura.
La denuncia se interpuso por la defensa legal de dos privados de libertad, a los que el juez Aguilar les impidió acceder a su propia audiencia de declaración de imputado para escuchar la lectura de los cargos, según declaraciones.
“No nos dejó pasar a nuestra propia audiencia. Nos humilló a nosotros y a nuestra familia”, señaló uno de los imputados en la denuncia remitida a la Fiscalía e Inspectoría.
El defensor legal de los imputados, Marlon Duarte, indicó que, “en las instalaciones se cuenta con un espacio suficientemente amplio donde no existe ningún inconveniente para que mi representando Maynor Vicente Gamero ingresara a la audiencia”.
Manifestó que el juez se valió de su poder para dejar afuera del juzgado a su cliente. Acto que denominó como bochornoso para la justicia del país.
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Según Duarte, esta determinación del juez conlleva una clara violación a su representado, ya que denigra su integridad física, debido a que en ese momento se encontraba esposado de pies y manos.
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Celebración de primer audiencia
En el documento se detalla que desde hace tres meses la defensa del imputado Maynor Vicente Gamero espera la celebración de la primera audiencia. Esto de acuerdo con la norma constitucional y el Código Procesal Penal es considerado un retardo de justicia, agregaron.
Además, sobre el juez Aguilar existen más de 50 denuncias en la Fiscalía y la Inspectoría de Tribunales por similares hechos y abuso de autoridad. Sin embargo, las mismas continúan en proceso de investigación, externaron en denuncias.
En otro caso, juez se defiende
Recientemente, en otro caso, el juez de Letras en Roatán, Islas de la Bahía, Allan Urbina, en una entrevista para un medio local se defendió ante las acusaciones de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre la eliminación de expedientes en el caso del estadounidense Gary Lee Johnston, imputado por abuso sexual contra una menor.
Villanueva manifestó que el «don dinero» hace que las autoridades judiciales «limpien los expedientes de los casos».
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