TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 30 delitos que no son de índole política se pretenderían perdonan con el decreto de amnistía que recientemente aprobó el pleno de diputados del Congreso Nacional (CN) que presidente Luis Redondo.
Así lo denunció este jueves el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Esos delitos serían los siguientes:
- Falsificación de documentos públicos
- Uso de documentos falsos
- Abuso de autoridad
- Violación a los deberes de los funcionarios
- Malversación de caudales públicos.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas
- Fraudes y exacciones ilegales
- Fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones
- Terrorismo
- Sedición
- Atentado
- Robo
- Usurpación
- Incendios y otros estragos
- Secuestro y detenciones ilegales
- Enriquecimiento ilícito
- Tráfico ilegal de productos o sub-productos
- Tala y descombro
- Roturación
- Roza
- Incendio cualificado
- Lesiones
- Privación ilegal de la libertad, atenuada y realizada por funcionario público
- Coacciones
- Amenazas
- Desplazamiento
- Robo con fuerza
- Alteración de términos o límites
- Usurpación de aguas Daños agravados
- Daños a infraestructura o equipamientos
- Falsificación de documentos públicos y mercantiles
- Responsabilidad de funcionario o empleado público
- Tráfico de documentos e identidad falsos
- Falsificación de documentos privados
- Uso de documentos falsos privados
- Uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial o militar
- Rebelión
- Perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones
- Reuniones y manifestaciones ilícitas
- Asociación para delinquir
- Tenencia o porte ilegal de armas de fuego, explosivo y municiones
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COHEP y CCIC en contra de amnistía aprobada por CN
Un rechazo generalizado por parte de diferentes sectores sociales ha generado la amnistía aprobada para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia. Esto lo hizo la junta directiva que encabeza Luis Redondo. Fue durante la noche del miércoles. Es algo que consideran un nuevo pacto de impunidad.
La sociedad civil, empresa privada e incluso políticos rechazan ese decreto. Según dicen, liberaría de responsabilidad a los que han cometido delitos en contra de la administración pública. También ilícitos de criminalidad organizada.
La amnistía aprobada abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009. También incluye a empleados o autoridades electas. Al mismo tiempo, a quienes fueron requeridos, acusados o procesados criminalmente por protestar contra el golpe de Estado. Ese hecho marcó la historia política de Honduras.
En ese sentido, Gustavo Solórzano, asesor legal del COHEP opinó que esa clase de amnistías sólo genera más impunidad. Además de eso, condenó que el actual CN repita actos que cometieron las autoridades pasadas.
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