TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las Fuerzas Armadas (FFAA) se están encargando de operaciones logísticas y también aportan asistencia en la instalación de los hospitales móviles que adquirió Honduras para afrontar la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, Carlos Del Cid, defensor de los Derechos Humanos en Honduras, advierte que sería peligroso entregar aún más poderío en la materia al ejército. Se refirió a la posibilidad de que el Gobierno traslade a esa institución el manejo de los sanatorios rodantes.
Aseguró que, en ese caso, la información relacionada a los nosocomios podría quedar «sellada», es decir, sin que el público tenga acceso a ella. Acotó que se estaría la posibilidad de que se escuden en la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información.
«Ellos (FFAA) decidirán si dan o no información, y por cuántos años, sobre lo que pasó con los hospitales móviles. Y (por la ley) esa orden sería un mandato al Ministerio Público (MP)», manifestó Del Cid.
«Eso se convertiría en una acción sospechosa porque protegería al (Poder) Ejecutivo, el responsable de los hospitales», agregó.
Por el mismo lado, opinó que un Gobierno que se auto-califica como «democrático» no puede trasladar responsabilidades de civiles a la milicia. En ese sentido, apuntó que el manejo de los módulos que se compraron debería estar en manos de la Secretaría de Salud.
«Resulta que, de un par de años para acá, los militares son expertos en todo. Manejan el agro, las cárceles y ahora temas de salud; eso nos parece algo incorrecto y antidemocrático a las organizaciones de Derechos Humanos; además, no es lo que la ciudadanía espera», expuso.
Por último, dijo que si la suposición se torna en una realidad, sería como volver a las condiciones «antidemocráticas» en los años 70 y 80, donde los militares «hacían lo que querían hasta con el presupuesto nacional».
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Niveles de «protección»
En virtud del planteamiento que describió el entrevistado, es importante conocer cuáles son los niveles de blindaje que contempla la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información.
En primer lugar está la información «reservada». Se considera que es aquella que podría producir «efectos institucionales no deseados» si estuviera públicamente visible. Por tanto, tiene una protección de cinco años.
Después está el nivel «confidencial», que es considerado como «intermedio». Según la normativa, involucra datos que podrían «originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, defensa nacional y el orden público. Esa información se bloquea por 10 años.
Seguido está el nivel «secreto»; ese es considerado como un estándar «alto» de clasificación. La ley indica que su exposición podría generar un peligro hasta el punto constitucional, afectaría el logro de objetivos nacionales, o incidiría en las relaciones internacionales. Esa información se desclasifica hasta 15 años más tarde.
Cabe aclarar que optar por una clasificación «secreta» es facultad única del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Finalmente, está aquello que es «ultra secreto». Se explica que su revelación podría ser perjudicial para la seguridad, defensa y soberanía nacional; así como la integridad territorial.
El nivel de daño por información de este tipo que se maneje de forma inadecuada sería «excepcionalmente grave», según lee la legislación.
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