Tegucigalpa.- En su condición de exfuncionario del gobierno de José Manuel Zelaya y por considerar que su causa es políticamente motivada, el ingeniero Roberto David Castillo, acusado en el caso conocido como “fraude al río Gualcarque”, solicitó al sistema de justicia, a través de sus defensores, la aplicación de la amnistía recientemente aprobada por el Congreso Nacional.
“Se ha hecho el análisis correspondiente y hemos revisado la documentación que poseemos y del análisis específico del decreto de amnistía concluimos que le es aplicable”, aseguró el abogado Juan Sánchez Cantillano, defensor de Castillo.
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Sánchez afirmó que, desde el punto de vista formal y legal, los requisitos exigibles para la aplicación de la amnistía han sido cumplidos. Por tanto, consideró que el tribunal, después del análisis de lo planteado y tras la revisión de los documentos entregados, deberá otorgar sobreseimiento definitivo.
Sánchez resaltó que David Castillo es un hondureño con los mismos derechos y obligaciones y con la posibilidad de hacer uso del decreto de amnistía.
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Principio de igualdad
Por tanto, según el abogado, el tribunal deviene en la obligación moral y legal de resolver favorablemente la solicitud de aplicación de la amnistía. Según el representante de los intereses de Castillo, la justicia debe presentar el principio de igualdad de todos los hondureños ante la ley.
La petición a favor de Castillo reconoce que tras el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, se agudizó una persecución política. Además, señala que la criminalización fue contra los funcionarios que apoyaron la gestión de Zelaya y reprobaron el rompimiento del orden constitucional.
“Entre los funcionarios perseguidos, lamentablemente fue víctima el señor David Castillo”, afirma el escrito. También expone que, contra él, “la Fiscalía ha promovido procesos donde la parcialidad ha sido sin precedentes”.
La solicitud señala que Castillo trabajó en el gobierno de Zelaya desde 2006. Dice que, en 2007, Zelaya lo nombró interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). También precisa que, como interventor, su representado reportaba a los exministros de Finanzas y Defensa, Rebeca Santos y Arístides Mejía.
«Sufrió hostigamiento»
Por otro lado, sostiene que, terminada la intervención, la gerencia de la ENEE solicitó que Castillo continuara en la estatal. Así, agrega, trabajó como coordinador en la ENEE hasta 2009.
Los detalles de la solicitud de aplicación de la amnistía sostienen que, a partir de junio del 2009, a Castillo lo persiguieron del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). También, precisa que entre 2010 y 2011 sufrió hostigamiento en las Fuerzas Armadas, por haber sido hombre de confianza en la administración Zelaya.
“En ese contexto el denominado Caso Fraude al Gualcarque es un caso altamente político. A David Castillo se le acusa que durante el tiempo que laboró en la ENEE, cometió el delito de fraude y falsificación de documentos, desde aproximadamente el año 2008 al 2010”, añade.
Los abogados de Castillo entregaron al tribunal documentos que prueban su condición de exfuncionario de la administración Zelaya. El tribunal ha fijado fecha para la celebración de la audiencia para el próximo miércoles 16 de marzo.
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