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jueves, noviembre 21, 2024

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Redacción. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York, se opuso a la confiscación de 15 millones de dólares, equivalente a unos 300 millones de lempiras.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al juez Kevin Castel ordenar la confiscación debido a que la cifra es resultado de los sobornos que recibió el exmandatario por parte de narcotraficantes. De acuerdo con los informes, la solicitud se realizó un día antes de la sentencia de Hernández.

El juez Castel aceptó la solicitud, antes de dar a conocer la sentencia de 45 años de prisión al expresidente hondureño.

Por su parte, el abogado Renato Stabile, miembro del equipo de defensa, dio a conocer su oposición a la determinación del juez.

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Defensa JOH confiscación
De acuerdo con Stabile, no hay evidencia de que JOH recibió esos sobornos.

Sin pruebas suficientes 

El documento enviado por el abogado señala que «no hay pruebas suficientes de que Hernández recibió personalmente una cantidad cercana».

Del mismo modo, Stabile indicó que la evidencia presentada en el juicio demostró que otras personas recibieron dinero de organizaciones de narcotráfico.

Seguidamente, la defensa de Juan Orlando Hernández enumeró varios casos en los que la Fiscalía estadounidense solicitó la confiscación de miles de dólares a otros narcotraficantes hondureños.

Defensa JOH confiscación
Stabile, miembro de la defensa de JOH, señaló que su cliente no debe pagar dinero que no recibió.

«El Gobierno no ha podido probar que el Sr. Hernández recibió personalmente $15,525,000 como producto de cualquier delito. En la mayoría de los casos anteriores, no hay evidencia alguna de que el dinero pagado por varias DTO a terceros llegaron al propio Hernández», apuntó.

De igual manera, el abogado de Hernández indicó que no se puede ordenar el pago de un dinero que su defendido no recibió.

«En los casos en que el Gobierno presentó evidencia de que el dinero fue pagado directamente a Hernández, la evidencia es insuficiente para satisfacer la carga de la prueba del Gobierno al solicitar el decomiso. El Tribunal debería negarse a ordenar cualquier cantidad decomisada en este caso», destacó.

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